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El "Fiscal Carnal" revela lo mucho que al país le falta aprender sobre la autonomía de las instituciones
Adrian Ortiz Romero Cuevas | Cuarta Plana
Miercoles, 06 de septiembre de 2017 07:54 hrs.

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El reportaje

 

La opinión

Oaxaca, Oax.- Puede ser una cortina de humo o una realidad, pero lo cierto es que el nombramiento del Fiscal General de la Nación tendría que ser a través de una convocatoria amplia, nutrida y legítima, y no mediante un “pase automático”, como hasta ahora está establecido. Es cierto que la crisis constitucional que existe hoy en San Lázaro tiene como telón de fondo el pleito interno en el PAN, y parece tener como pretexto la elección del Fiscal. Sin embargo, lo que no deben dejar de ver es que, de fondo, debe cambiar el mecanismo electivo de quien será el primer fiscal federal autónomo en México.

En efecto, desde hace varios días hay una guerra política en las cámaras legislativas federales que resulta bastante ilustrativa. Por un lado, dentro del Partido Acción Nacional se libra una lucha feroz entre los grupos que pretenden adueñarse no sólo de la candidatura presidencial, sino del partido. En medio de esa tolvanera, el dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, ha asegurado que sus adversarios internos —el grupo calderonista que respalda a Margarita Zavala— pretenden consolidar el llamado “pase automático” del actual titular de la PGR hacia la nueva Fiscalía General de la República, que dejará de ser parte del Poder Ejecutivo para convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo.

Y como si hicieran falta problemas en medio de esa crisis, resulta que en el Senado corren las acusaciones sobre traiciones entre panistas, y en la Cámara de Diputados no pueden instalar la Mesa Directiva porque no se logra una mayoría suficiente derivado de la inconformidad de varias fuerzas políticas con el pase automático del Procurador para convertirse en Fiscal General. ¿Qué hacer en medio de todo esto?

Por un lado, queda claro que el pleito al interior del PAN no tiene que ver con el nombramiento del Fiscal General de la Nación —ese es un mero pretexto, o chivo expiatorio, como se le quiera denominar—, sino más bien con el destino que tenga el partido en manos de Ricardo Anaya pero con las aspiraciones crecientes de Margarita Zavala rumbo a la candidatura presidencial. Es claro que el grupo de Anaya pretende atajar por todas las vías posibles a sus adversarios. Pero también lo es que éstos no están mancos ni cojos como para no poder responder a las intenciones del dirigente nacional panista.

Luego, en medio de esta situación han surgido suspicacias que en realidad no deberían existir. Cuando se votó la creación de la Fiscalía General de la República, en 2014, se estableció en el artículo décimo sexto transitorio del decreto mediante el cual se publicó dicha reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación (10 de febrero de 2014) que “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo.”

Dicha declaratoria, se refiere a la que debe hacer el propio Congreso respecto a la entrada en vigor de dicha reforma, cuestión que hasta el momento no ha ocurrido y que, en voces de algunos partidos y legisladores, pretende hacer en próximas fechas. Por esa razón, al procurador General Raúl Cervantes, ya lo denominaron con el mote de “Fiscal carnal” porque señalan que el Presidente pretende imponerlo en virtud del artículo antes mencionado, para que lo cubra y le brinde impunidad frente a las irregularidades que podrían estarse cometiendo durante su administración.

Hasta ahora, en medio de dicho escándalo, muchos no han reparado —o no han querido hacerlo— en el hecho de que para poder aprobar una reforma constitucional se necesita no sólo la voluntad del Presidente —de hecho, eso es lo de menos—, sino el voto mayoritario de las fracciones parlamentarias, y luego la participación en términos favorables de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas.

Todo eso ocurrió. Y a la vista de todos, desde 2014 se estableció que quien fuera titular de la PGR al momento de crear la Fiscalía General de la República, pasaría en automático a ocupar ese cargo, y lo haría por el periodo de nueve años que marca el tercer párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución federal.

PERO…
Aún con la incongruencia de todos los que votaron y ahora se desdicen del apoyo que le dieron a la nueva institución hace tres años, lo cierto es que el mecanismo de elección del Fiscal General debe cambiar. Pues tal y como lo han acusado en diversos momentos, Raúl Cervantes puede ser un gran abogado, pero también es militante en un partido político y eso crea un espectro de conflicto de interés, que se viene a sumar a las muchas presiones a las que ya está sometido el sector público en México por la corrupción, la impunidad y las torceduras a la ley.

En ese marco, debería ser un tema de la mayor relevancia lograr que el nombramiento del Fiscal General fuera a través de una convocatoria lo más amplia posible; que participaran las mujeres y hombres más capaces y experimentados del país en esas materias; y que todos juntos le pudieran dar al Estado mexicano —Peña Nieto es lo de menos— la posibilidad de contar con un Fiscal confiable, que garantice su autonomía y que genere confianza en la ciudadanía.

Eso no lo va a lograr Raúl Cervantes por el solo hecho de provenir de la fuerza política de donde proviene, y por ser el Procurador General de Enrique Peña Nieto. Pues en la lógica no política, el Fiscal es quien investiga la comisión de delitos, y ejercer la acción penal para que se haga justicia. Y por eso, de insistir en seguir impulsando a Cervantes, ya como Fiscal General él tendría que procesar y meter en prisión quizá a medio gabinete del Presidente actual para que la ciudadanía más o menos le creyera que es un servidor público autónomo y desligado de intereses políticos. Todo esto, es una cuestión que obviamente no ocurrirá.

Lo que sí puede pasar —y sería muy bueno para el país— es una discusión limpia, propositiva y con perspectiva de Estado para establecer cómo se debe nombrar al Fiscal General, y no el abúlico “ministerio de ley” por el que pretenden establecer a esa importante figura en su nueva faceta. Ese es, en realidad, el tema de fondo que rebasa al PAN, a las grillas pro la creación del Frente Amplio, o a la insistencia del PRI porque se respeten los términos constitucionales tal y como fueron aprobados. Aunque eso signifique darse un balazo en los pies.

AUTONOMÍA DE A MENTIS
 
Es lo que finalmente todos lograrían o con Cervantes, o con el favor al Presidente. El Fiscal debe de dejar de asumirse como un empleado más del Ejecutivo. ¿Cuántos ya lo habrán entendido?

http://columnaalmargen.mx
@ortizromeroc

  
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