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Reformaron esquemas de jubilaciones 27 universidades del país; falta la UABJO
Problema de seguridad social es estructural, no se resuelve con adecuaciones administrativas, advierte el actuario Roberto Díaz.
Comunicado | Cuarta Plana
Miercoles, 18 de octubre de 2017 08:30 hrs.

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El reportaje

 

La opinión

Oaxaca, Oax.- Las Universidades Públicas Estatales (UPE’s) de México enfrentan un déficit de 330 mil millones de pesos, en promedio, por concepto de jubilaciones y pensiones, cantidad que aumentará a 534 mil millones de pesos el año próximo, de no hacer las reformas correspondientes, advirtió aquí el actuario Roberto Díaz García, ponente en el ciclo de conferencias magistrales “Problemas financieros de las universidades públicas estatales”, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (FE-UABJO).

Licenciado en Actuaría por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y maestro en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana (UB), señaló que sólo cuatro casas de estudios tienen resuelto su sistema de pensiones de por vida: el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y las universidades Autónoma de Baja California, Autónoma de Ciudad Juárez y Autónoma de Nuevo León, ya que aplicaron en tiempo y forma las modificaciones estructurales para las generaciones actuales y futuras.

Ponente del tema “Reestructuración de planes de pensiones y jubilaciones de las Universidades Públicas Estatales”, el especialista explicó que a la fecha son 27 las universidades públicas del país que han realizado reformas a sus esquemas de prestaciones, jubilaciones y pensiones, y las únicas que no lo han hecho son la Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y la Autónoma Michoacana.

Ante docentes, alumnos y trabajadores reunidos en la Sala de Videoarte de la Dirección de Arte y Cultura (DAC), en Ciudad Universitaria, detalló que las reformas diseñadas y aplicadas son: eliminación de la doble pensión, ampliación de la edad de jubilación, más años de antigüedad, salario regulador acorde con los cinco años anteriores previa actualización, así como la aportación de las y los trabajadores del 2 al 10 por ciento y la institución del 2 al 22 por ciento, en promedio.

Asimismo, dio a conocer que 22 entidades de la República ya realizaron reformas a sus esquemas de jubilaciones, por lo que el 90 por ciento de la comunidad trabajadora que cotiza en algún esquema de pensiones está bajo sistemas que ya fueron reformados.

El actuario Díaz García indicó que para modificar los sistemas de referencia hay dos opciones: incrementar las aportaciones y/o modificar los esquemas de prestaciones.

El también miembro de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) manifestó igualmente que en términos generales los esquemas de pensiones y jubilaciones en México tienden a sobreproteger a la base trabajadora y a sus familias, porque otorgan pensiones a quienes por su edad no lo requieren y perjudican directamente al patrón e indirectamente a las y los empleados, ya que éstos últimos no sólo corren el riesgo de no recibir pensión, sino de perder su fuente de trabajo ante la insuficiencia financiera de la institución.

Sostuvo que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social es la protección que la sociedad debe otorgar ante contingencias económicas y sociales derivadas específicamente de la pérdida de ingreso a causa de una enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez o vejez, únicamente; sin embargo, hay quienes se jubilan por antigüedad y tienen la capacidad de seguir trabajando, lo que contradice la ley.

“No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión”, dijo y puntualizó que en el caso particular de la UABJO el gasto por concepto de jubilaciones está llegando al 50 por ciento de la nómina general, lo que ninguna institución podría soportar, advirtió.

Por ello, exhortó a la comunidad universitaria a “hacer las reformas y dar viabilidad a los sistemas para garantizar las pensiones cuando se requieran, pues aunque sea un derecho constitucional, la Carta Magna no dice cómo ni cuándo deban otorgarse; es decir, sí está contemplada la seguridad social, pero no los términos y las condiciones, porque nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible”.

 

  
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