El pasado 27 de octubre se llevó a cabo el segundo encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
Desde el 31 de julio de 2018 la CNTE, no sin dificultades, ya había decidido sobre la conveniencia de establecer un diálogo con AMLO en su Asamblea Nacional Representativa (ANR). En el documento de esa asamblea se destaca: “El punto de mayor debate en esta asamblea fue el de la interlocución con el gobierno electo; aunque el punto genera cierta polémica, se alcanza el consenso de que es necesaria la interlocución”.
Este debate se debió a la forma en como la ANR caracterizó al presidente electo el 1 de julio:
“1.- Se hace una primera caracterización del período, del gobierno electo y de la perspectiva de la CNTE; sobre el gobierno electo la principal conclusión que se enmarca en el terreno de una elección de la burguesía y ese es el sello del nuevo gobierno, que la diferencia en todo caso es que llega con una amplia legitimidad que le dan 30 millones de votos.”
Esta primera caracterización se complementa con el segundo de los acuerdos:
2.- Sobre la CNTE, se ratifica su esencia que deviene de la lucha de clases y de sus 22 principios y que, aunque hay de momento un contexto social distinto, debemos prepararnos para una mayor organización y movilización política. Que el grado de unidad que hemos alcanzado hasta hoy debe consolidarse aún más en todos los aspectos y debemos alcanzar también un grado mayor de reorganización (Asamblea Nacional Representativa, Tuxtla Gtz. Chis., 31 de julio 2018).
Estos dos acuerdos le cierran el paso a cualquier tipo de colaboración con un gobierno emanado de elecciones burguesas de cara a una CNTE que representa a los trabajadores asalariados de la educación y cuya esencia deviene de la lucha de clases; quizás por eso lo intenso del debate sobre si el diálogo era o no conveniente. Finalmente “se alcanza el consenso de que es necesaria la interlocución”.
En esas circunstancias se inició el diálogo y se tomaron los primeros acuerdos en la reunión vespertina del 27 de octubre de 2018, a la que asistieron el presidente electo, el futuro secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán, como representantes del futuro gobierno, y los dirigentes de la CNTE Enrique Enríquez, dirigente estatal en la CdMx; Eloy López, de Oaxaca; Pedro Gómez, de Chiapas; Víctor Zavala, de Michoacán, y Arcángel Ramírez, de Guerrero.
De acuerdo con un comunicado de la CNTE los acuerdos de esa reunión fueron:
“1.- Es el inicio formal de el diálogo entre el gobierno electo y la CNTE.
2.- El inicio de la relación bilateral ya reconocida por el próximo titular del Poder Ejecutivo.
3.- La designación del próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, para constituir la agenda de trabajo en diferentes etapas y la posibilidad de alcanzar un primer acuerdo con la CNTE, antes del día primero de diciembre de 2018, en las rutas de trabajo en relación con la problemática educativa, política, laboral y sindical. Así mismo se le designa para ser enlace con al menos tres Secretarías más que tienen que ver con la atención de los planteamientos de la CNTE. Entre ellas la SEGOB y la Secretaría del Trabajo. (Comunicado de la CNTE. Ciudad de México, 28 de octubre de 2018.)
Cabe destacar que al contrario de lo hecho por el gobierno del aún presidente Enrique Peña Nieto, no será la secretaría de gobernación la que encabezará las futuras mesas de trabajo, sino la SEP. La fecha límite para llegar a un posible acuerdo es el 1 de diciembre; por otra parte, aunque no se excluye, en los acuerdos no se establece explícitamente el tema del servicio educativo, su mejora, orientación y la política educativa que le dará viabilidad.
Por situaciones por demás conocidas, es urgente definir el rumbo de la educación en México: el desempeño de los escolares en cuanto a su aprendizaje es deficiente, en este y en otro sentido el sistema educativo nacional es bastante excluyente, sobre todo tratándose de los pueblos étnico, pero además, el desgaste del proyecto de nación unicultural, exige una formación de ciudadanos con una conciencia pluricultural y la consecuente formación superior de los mismos. Lo anterior se da en el contexto de un enorme rezago educativo y un continuo envejecimiento de la población.
Ni qué decir de las desigualdades económicas y el congelamiento de la movilidad social, las ambigüedad del régimen administrativo y las relaciones de los estados y la federación etc. etc., todo lo anterior es bien sabido y la respuesta del presidente Peña Nieto dejó de lado esta complejidad para darle prioridad al control y precarización de los trabajadores de la educación y sus condiciones laborales. Lo anterior justifica a mi juicio una profunda revisión de la actual reforma, que no terminó de realizarse, en parte por sus propias deficiencias.
Es necesario anticipar que una eventual nueva orientación de la política educativa del país, sus contenidos, normas y recursos, no debe formularse a partir de consultas demagógicas al “pueblo” en abstracto y menos en acuerdos cupulares a puerta cerrada; la verdadera participación popular se da en el ejercicio del poder desde abajo.
La nueva política educativa debe ser materia de análisis de expertos y en primer lugar de los maestros, quienes señalarán los fines y contenidos a partir de lo que la constitución establece, las condiciones de nuestro tiempo y el futuro que deseamos para nuestra nación.
Por tanto, un congreso nacional de educación se hace necesario, llevará tiempo, pero se marcharía con claridad y firmeza. Lo deseable es que los resultados del propuesto congreso educativo sean divulgados ampliamente entre la población y posteriormente sometidos al congreso como material base para la reforma de la constitución, de la ley general de educación y de los instrumento normativos que sea necesario reformar. Los ciudadanos mexicanos no debe aceptar del nuevo gobierno golpes de timón espectaculares, sólo para que éste consolide una imagen de régimen de cambios pretendidamente democráticos.
Quizás esta sea la última oportunidad que tengamos como nación para ejercer nuestra soberanía en materia educativa; por eso sería deseable que una vez formulada la reforma, se definieran con claridad tanto la relación de los estados con el gobierno federal y la forma de asignación de los recursos para la operación de los servicios educativos acorde con la nueva orientación.
En esta transformación educativa, para usar el término que gusta al futuro gobierno, las comunidades, es decir, las personas que habitan las localidades indígenas y no indígenas, en las colonias, los barrios y fraccionamiento, deberán constituir comités de apoyo a las escuelas con facultades legales para promover los cambios necesarios en la operación del servicio y dar cuenta de su situación y resultados. Sólo con un control desde abajo de los ciudadanos podrá afirmarse que hay, en efecto, una amplia participación popular en los asuntos del gobierno.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su contraparte la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), no deben concebirse como alternativas excluyentes en el tema de la representación de los intereses de los trabajadores de la educación. El SNTE debe operar con independencia del gobierno, con democracia interna, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que provengan del fisco. Los problemas sindicales que surjan deben resolverse al interior del sindicato, sin afectar el servicio educativo.
La CNTE tiene todo el derecho de mantenerse como fracción democrática de los trabajadores e incluso tener representatividad en los órganos de gobierno del SNTE; pero sería un error presentarse como una instancia sindical que presione al gobierno o a la sociedad, sobre todo cuando hoy, el propio gobierno establece las condiciones para un diálogo que puede ser fructífero. En resumen, en mi modesta opinión, la principal tarea de la CNTE en este período, es fortalecer las instituciones republicanas y democráticas entre ellas aquellas que garantizan el derecho a la educación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afiliados al SNTE.
