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Denuncias de corrupción en medios y Redes Sociales, no tienen carácter probatorio
Así lo señalan los integrantes del Comité Anticorrupción de Oaxaca, quienes comparecieron ante los diputados locales.
Jaime GUERRERO | Cuarta Plana
Martes, 04 de agosto de 2020 18:02 hrs.

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El reportaje

 

La opinión

Oaxaca, Oax.- Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aseguraron a diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de la LXIV Legislatura, que las denuncias en medios de comunicación y redes sociales de posibles actos de corrupción cometidos por titulares de dependencias de la administración pública estatal, no tienen carácter probatorio ante autoridades jurisdiccionales y no determinan responsabilidades.

En diversos medios de comunicación se han ventilado la adjudicación recursos públicos a empresas y contribuyentes con operaciones irregulares ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En la víspera, fuere presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) la denuncia (34815/2020) por presuntos actos de corrupción al asignar obras públicas a empresas irregulares, David Mayrén Carrasco, director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO).

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), César Morales Niño, acusó la presencia de empresas contratistas que están “advertidas” por la Servicio de Administración Tributaria (SAT) como irregulares.

En el documento, el diputado César Morales refirió que la obra contratada con oficio 500-05-2020-13676, a favor del “Grupo Constructor Maragall, S.A. de C.V” con el número de licitación lpe-cao-007-2025 se otorgó con una cantidad de 18 millones de pesos, pero aparece en la lista del SAT como “empresa irregular”, entre otra serie de adjudicaciones.

En tanto, al seno de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, están radicados 4 mil 920 casos de presunta corrupción de servidores públicos, autoridades y empresas en Oaxaca, de las cuales.

En la comparecencia ante la comisión de vigilancia del sistema anticorrupción de la LXIV Legislatura, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas Alvarez, reportó que hay 58 denuncias contra los SSO; SINFRA 13, Cevi 4, CEA 2, CAO 13 y el IOCIFED 11.

No se puede violar debido proceso

En su momento, el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, José Ángel Díaz Navarro; el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, Guillermo Megchún Velazquez; y el titular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Manuel Velasco Alcántara, aclararon a los diputados y diputadas que por el debido proceso no se puede dar detalles de las investigaciones en curso.

Díaz Navarro, confirmó que, referente a la solicitud de que se informe si han sido presentadas quejas o denuncias formales o bien, si se han instaurado procedimientos administrativos ante la Contraloría, en contra de los servidores públicos de los SSO, Sinfra, Cevi, CEA, CAO, IOCIFED, y Protección Civil, por la comisión de actos de corrupción, confirmó diversas denuncias vinculadas por posibles actos de corrupción.

No obstante, aclaró que se encuentran en proceso de investigación, por lo que en términos de ley se encuentra imposibilitado a revelar mayor información de conformidad con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para Oaxaca.

Respecto a cuál es el avance legal, reiteró que éstas se encuentran en proceso de investigación por lo que esta Secretaría se encuentra impedida legalmente a proporcionar información a efecto de no comprometer el resultado de las mismas.

Pese a ello, afirmó que su compromiso no solo es sancionador, también es promover e impulsar las mejores prácticas privilegiando el control preventivo en términos de legalidad, eficiencia y transparencia, fomentando el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de manera honesta y orientada a la rendición de cuentas.

Tuits y notas no tiene carácter probatorio

El titular del OSFE, aclaró a los diputados y diputadas de Morena y PT que los exhortos derivados de presuntos actos de corrupción, que han emitido los diputados locales, están derivados del articulo 69 B, del Codigo Fiscal de la Federación, pero de forme equivoca.

No obstante, el articulo 16 de la ley de fiscalización del estado, el OSFE tiene la facultad de imponer imposiciones administrativas y penales, derivados de las auditorias e investigaciones, así como dar vista a las autoridades judiciales.

En el caso de la Cuenta Pública, se investigará actos u omisiones en base a la ley de responsabilidades administrativas.

Y al exhibir la ignorancia de los diputados y diputadas locales en materia fiscal, explicó que el artículo 69 B del Codigo Fiscal de la Federación, es el que da las notificaciones de la autoridad fiscal cuando detecta que el contribuyente ha emitido facturas por actividades inexistentes y puede ser más de 200 causales de inexistencia.

Megchún Velazquez, puntualizó que el SAT notifica al contribuyente para que manifiesten lo que a su derecho convengan. Tienen 15 habiles, posteriormente el SAT tiene 50 días, si los contribuyentes corrigen son sacados de la presunción y si no lo logran va una segunda publicación del SAT. No obstante, pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vía amparo.

“Esto nos lleva a considerar que las notas periodísticas, los tuits de las redes sociales solo son indicios, pero no prueba plena para que el OSFE determine responsabilidades. Éstas (las responsabilidades) serán mediante auditorias e investigaciones”, atajó ante las presiones mediáticas de los diputados del PT y Morena de presuntos actos de corrupción de funcionarios del Gobierno de Oaxaca.

El auditor, destacó que el quinto párrafo del 69B del codigo fiscal Codigo Fiscal de la Federación señala que los efectos del listado de contribuyentes señalados por el SAT, con irregularidades en operaciones, serán consideraros en las operaciones generales y las operaciones contenidas en los comprobantes emitidos por el contribuyente, no producen efecto fiscal alguno.

No obstante, pidió que quienes hagan denuncias de presuntos actos ilegales, lo hagan de la forma correcta en términos de los artículos 50 y 51 de la ley de fiscalización, sin olvidar que antes se desahogan 100 días hábiles del proceso.

“Para el OSFE, no tiene valor probatorio la simple publicación de contribuyentes que puedan estar en el supuesto del 69B del Codigo Fiscal de la Federación, solo constituye un indicio para aplicar adecuadamente y a mayor profundidad las normas y procedimientos”, atajó.

La comparecencia obedece a exhortos emitidos por el Congreso de Oaxaca, así como denuncias públicas y denuncias formales por el presunto desvío de recursos al adjudicarse contratos de obra publica a presuntas empresas fantasma.

Megchún Velazquez, pidió a los diputados dejar cumplir con el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.

El titular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Velasco Alcántara, se dijo imposibilitado de presentar informes de los casos de corrupción, intervenir en la investigación de los hechos que fueron denunciados.

El ex vocero del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, justificó que el TJA solo conoce de faltas graves y de particulares. Corresponde a la Secretaría de la Contraloría, a los órganos de control interno y al OSFEO conocer de las faltas de los servidores públicos y sancionar.

No obstante, aseguró que no a la fecha no ha recibido solicitud de los órganos investigadores o instructores de procedimientos graves, para resolver o instruir juicios por presuntos actos de corrupción.

Comparecieron ante los diputados encabezados por el morenista, Fredy Delfín Avendaño y el petista, César Morales Niño, el presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, Gaspar Jiménez Triste; Díaz Navarro y Megchún Velazquez, Iruegas Álvarez; la Comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, María Antonieta Velásquez Chagoya; Velasco Alcántara; mientras que el titular del Consejo de la Judicatura del Estado, Alfredo Lagunas, se ausentó por motivos de salud.

  
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