Oaxaca, Oax.- De nueva cuenta, la semana pasada, la ciudadanía de la capital tuvo que sorber el trago amargo de la impotencia, del hartazgo y el coraje, ante el vandalismo y el atropello a los derechos civiles, por parte de pseudo normalistas, manejados con evidente interés políticos. Empresarios, comerciantes, ciudadanos de a pie o servidores públicos, vieron con asombro la impunidad con la que sus negocios fueron destruidos, vandalizados y algunas personas, padecieron agresión física.

Por enésima ocasión, los representantes de los medios de comunicación fueron objeto de intimidación, golpes y amenazas, ante la parálisis gubernamental, que no quiere llevar consigo el estigma de una supuesta represión. La exigencia se ha generalizado: Oaxaca no puede seguir así. Debe aplicarse la ley. Se trata de acciones de terrorismo que no deben permitirse en un Estado de Derecho. La entidad urge de orden, de gobernabilidad, de mantener firme el espíritu de la ley y la fuerza institucional. El pasado viernes, cuando el fenómeno pretendía repetirse, la Policía Estatal actuó para disuadir disturbios. Y funcionó.

A las facciones magisteriales como la Unión de Trabajadores de la Educación –la UTE- y sus brazos violentos: el Frente Popular Revolucionario –el FPR- y los membretes: Sol Rojo o la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha –UACOL-, debe quedarles claro que Oaxaca no repetirá jamás escenarios como los del 2006. Los diversos sectores sociales no están dispuestos a que, con toda la crisis económica que ha traído consigo la pandemia, tengan aún que tolerar acciones de terror como las que han instrumentado dirigentes sin escrúpulos y vividores de la dádiva gubernamental.

Los organismos gubernamentales y no gubernamentales que dicen proteger los derechos humanos, deben dejar atrás la inercia y la complicidad, ante una realidad evidente: las mayorías inermes son agredidas impunemente por grupos minoritarios de delincuentes juveniles, mercenarios de una mal entendida lucha social y “enfermos”, enajenados por el adoctrinamiento de corrientes ya extintas en el mundo global. El Estado debe simplemente cumplir con su papel de salvaguardar los derechos civiles. No encogerse de hombros.

Por el lado que quiera verse, no se justifica ni el vandalismo violento y pernicioso, menos la omisión gubernamental. Los oaxaqueños, aquellos que a diario luchan por llevar con decoro el pan a casa; aquellos con esfuerzo han levantado sus negocios; los que viajan en los camiones urbanos para llegar a tiempo a sus labores, no merecen esta agresión permanente. No dudemos que ese pueblo bueno y sabio, presa del hartazgo y la impunidad, ponga un alto a tanta agresión. Ahí se verá de qué lado está la ley. (JPA)