Los administradores municipales, ese rico negocio de partidos, diputados, y gobernantes es, de nuevo, seriamente cuestionado. El nivel de las críticas, las protestas de la comunidades ante la imposición de administradores, las experiencias negativas y altamente costosas que han pasado municipios, nos hablan del hartazgo de esa figura nociva para las comunidades.
1. Existe una conflictividad real en las comunidades que han conducido a la anulación de sus elecciones o a que éstas no se puedan realizar. Un grupo de estas comunidades son las que han de soportar a los administradores.
2. Hay un conjunto de criterios de los organismos electorales en materia de participación de mujeres y agencias municipales y de policía, particular, pero no exclusivamente, que entran en controversia con los sistemas normativos internos y en algunos casos conducen también a la anulación de comicios.
3. La Constitución mexicana en su artículo 115, se refiere a “consejos municipales”, cuando no se pueden realizar elecciones, se anulan los comicios o se desaparecen poderes municipales. De ahí deriva que se ha considerado que tal figura es anticonstitucional y anticonvencional. Incluso existen resoluciones jurisdiccionales que así lo señalan.
4. Es claro que la figura del administrador municipal se convirtió en un eslabón del clientelismo y la intermediación política y fue alentado para que el gobernador del estado tomara el control político de municipios, particularmente de aquellos que mostraban distanciamiento del partido en el poder o cuando en ese partido había fisuras importante. Esa característica fue llevada al extremo a partir del 2000; en el trienio 2002-2004, por ejemplo, más del medio centenar tuvieron administradores, ante el autoritarismo imperante que condujo a la desaparición de poderes en alrededor de 40 municipios.
5. En esa época, la figura también empezó a adquirir otra característica. Ante el importante incremento en las participaciones municipales, los administradores transitaron a convertir a la hacienda municipal en caja chica de políticos y reservas para las campañas. Si bien con la sujeción al gobierno estatal.
6. En 2010 la situación cambió. Al abdicar el gobernador Cué del control político municipal, los partidos políticos representados en el Congreso, vieron una inesperada oportunidad. Se mutó de un control único, al reparto de cuotas. Los administradores se despojaron de los de sí endebles lazos institucionales y se convirtieron en una especie de “jefes políticos” porfiristas, pero sin correa gubernamental que los controlara, pues no rinden cuentas a ninguna instancia, si acaso a la fracción parlamentaria o al legislador que lo impone. Hay decenas de historias de sus excesos, de tesorerías municipales saqueadas, de la conflictividad exacerbada, de la ruptura del tejido social que alentaban. Justo lo contrario a la que se supone es su misión (http://old.nvinoticias.com/oaxaca/opinion/local/257376-administradores-municipales-negocio).
7. El gobierno estatal dice escuchar esos cuestionamientos. Sin embargo, fuera del discurso las señales son poco alentadoras. Entre los administradores designados, varios tienen una larga trayectoria desempeñando esa función; sus resultados marcan que han fracasado. Si la encomienda es construir en un máximo de 90 días las condiciones para resolver la conflictividad interna y realizar elecciones, quienes no lo han logrado y se han quedado el trienio completo, es claro que no tienen las aptitudes para esas tareas. Si la voluntad política fuera resolver problemas, aquellos estarían descalificados por no brindar resultados. Sólo si el objetivo es administrar los conflictos y repetir el saqueo de las arcas municipales, se nombrarían a personajes de estas características.
8. Resolver el problema que generan los administradores debe partir de establecer el marco jurídico y los cauces institucionales adecuados en lo relativo a la resolución de conflictos. Y las fracciones parlamentarias han trabajado en la ruta contraria; cuando se presentó en 2013 una iniciativa que limitaba a los administradores, fue aprobada de último momento por la 61 legislatura —la que habría hecho el mayor reparto de cuotas e institucionalizado el saqueo municipal—; con todo, parecía encaminarse el tema por la vía adecuada. Nunca fue concretada, no transcurrían dos meses, cuando por unanimidad, la legislatura 62, borraba de un plumazo los avances y retomaba el uso faccioso de la figura. Privilegiaban, como lo hicieron reiteradamente, el negocio antes que resolver los problemas.
9. Como una calca en 2016, de último momento, la 62 Legislatura, se reprobaba a sí misma y devolvía el control de los administradores al Ejecutivo, rompiendo con cualquier intento de equilibrio de poderes y devolviendo el control al gobernador.
Ahora, dirigentes de partidos y diputados se rasgan las vestiduras ante un problema que ellos o sus fracciones alentaron y corrompieron. Es un reconocimiento de que lo que hicieron antes —varios de ellos, fueron diputados en la 61 o 62 Legislatura, llevó al extremo el negocio.
10. La solución no parece tan complicada, si hubiese voluntad y decisión política. Lo mejor, por supuesto, es desaparecer la figura, establecer la conformación de consejos municipales en los municipios en conflicto y privilegiar los mecanismos comunitarios para la resolución de sus controversias. Como es poco probable tanta sensibilidad de los legisladores, quienes aducen la complejidad de lo anterior, bien podrían iniciar limitando la figura del administrador, prohibir el manejo de recursos municipales, así como evitar expresamente su permanencia más allá de un periodo breve (30-60 días); después del cual necesariamente serían relevados.
Pronto veremos si las y los diputados y partidos que ahora protestan tienen un interés genuino en resolverlo o simplemente lo hacen por quedar fuera del reparto. Si se está decidido a construir una nueva institucionalidad o quedará nuevamente en mera simulación.
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