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Escaparate Político

POLÍTICA DE BASURA. ¿Saben
que quiere Flavio Sosa?
Cuarta Plana
Lunes, 28 de agosto del 2017 07:38 hrs.
19:34 Necesaria una sociedad unida para reducir delitos
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11:09 Pobladores de Atzompa toman basurero municipal
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11:04 Morena entrega plataforma electoral; va por el cambio de México
10:50 Destaca Miranda Nava apoyo de Liconsa a entidades afectadas por sismos
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Felipe Sánchez Jiménez
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* 2017-11-24 CHANTAJE POLÍTICO
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* 2017-11-24 CHANTAJE POLÍTICO
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* 2017-11-22 EFECTOS COLATERALES
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* 2017-11-21 CHUPATINTAS (II)
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* 2017-11-17 SOSPECHAS EN EL TEE
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* 2017-11-16 PRIMER INFORME.
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* 2017-11-15 CHUPATINTAS
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* 2017-11-13 LO QUE NO FUNCIONA
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* 2017-11-09 DIGNIFICAR LA POLÍTICA
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* 2017-11-08 DELINCUENCIA ORGANIZADA.
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¿Saben que quiere Flavio Sosa “El demonio de Tasmania”?

Una patente de corso para atacar y desterrar a los que considerar sus adversarios. Ya se la dio el partido MORENA, al que ahora sirve. Insiste ahora en la del gobierno del estado. (La patente de corso (del latín cursus, «carrera») era un documento entregado por los monarcas de las naciones o los alcaldes de las ciudades, por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y poblaciones de naciones enemigas).

Estas patentes fueron muy utilizadas en la Edad Media, pero como en Oaxaca, nuestros especímenes que viven del chantaje político -como los energúmenos del partido MORENA- hacen política cavernaria, nada los inhibe. Con tal de que sus negocios con el gobierno fructifiquen, vean lo que han hecho los capos del cartel 22 que, para fortuna, el pueblo ya los está echando de las escuelas. Vean también de lo que es capaz “el demonio”. Juega con la salud de los oaxaqueños y no le importa inundar de basura, pestilencia y epidemias nuestra aún hermosa ciudad. Este pobre diablo no alcanza a entender que el daño no se lo hace al gobernador, al presidente municipal, ni a los diputados. Los que sufren las consecuencias son gente del pueblo. La contaminación de los ríos Salado y Atoyac, por ejemplo, está llegando a extremos. Miles de toneladas de basura son lanzadas al cauce por gente ignorante y sin conciencia.

Usar el tiradero de basura como instrumento político por los cerebros malévolos del partido MORENA, ex una expresión de la política más aviesa.

En algunas de las instancias que siguen esta crisis política que padece Oaxaca, me dicen que “El demonio de Tasmania” quiere que el gobierno le limpie la plaza. Es decir que encarcele a su enemigo “Don Panchito”, que ordene demoler todas las casas de los supuestos militantes de la “14 de junio”, que Sedatu le pague 30 millones de pesos por su asesoría a San Agustín de las Juntas, que le entreguen la presidencia municipal de San Raymundo Jalpan.

Flavio ha hecho trabajos sucios para gobiernos del PRI y de todos los partidos. Usa ahora la basura y exige le entreguen libre de enemigos esa zona perdida para que asiente en ella su imperio y venda al MORENA la idea de que esos lúmpenes alrededor de la basura, son votos cautivos. Qué manera de valerse de la miseria e ignorancia de los oaxaqueños asentados en esas tierras de Zaachila.

LE PISAN LOS TALONES

Una de mis fuentes me dice que el arresto de los grandes saqueadores del presupuesto del Seguro Popular en Oaxaca, es inminente. Con todo y la influencia que pudiera tener Gerardo Gutiérrez Candiani ex dirigente nacional empresarial y hoy responsable de la Zona Económica Especial en el Istmo de Tehuantepec, es imposible que evadan la justicia.
Citar al influyente Gerardo Gutiérrez, no es gratuito. Es de los políticos más cercanos a Diódoro Carrasco quien junto con el entonces gobernador Gabino Cue, decidieron, que sus familiares hicieran negocios con el Seguro Popular. Su cuñado Salvador Monroy como director y Juan José Álvarez Candiani, como proveedor único.

PESQUIZAS

Una nota de Maribel R. Coronel, en el Diario El Economista, ayuda a ver los alcances de las investigaciones.

Dice que “todo parece indicar que aquello de que el Seguro Popular sea la caja chica de los gobernadores pasó a la historia. Los actuales controles de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) permiten vislumbrar que las aportaciones federales destinadas a salud ya no serán desviadas para helicópteros, para pagar policías, abogados o el magisterio, o para cualquier otro deseo particular de cada gobernador.

“Desde 2014 se han ido poniendo candados y hoy al menos en el rubro de Salud, están atados de manos. Si no demuestran que dieron uso adecuado a los recursos, se les cierra la llave y dejan de seguir recibiendo. Además, serán denunciados y sujetos a penas de 6 a 12 años de cárcel.

“A la fecha hay 23 denuncias legales presentadas contra Veracruz, Guerrero, Tabasco, Morelos, Nayarit, Sonora y Michoacán. Estas entidades no pudieron comprobar el destino de miles de millones de pesos ejercidos entre 2007 y 2016, y debe haber responsables. En la cuerda floja están Estado de México y Oaxaca que si de aquí a diciembre no logran comprobar serán igualmente denunciados.

“Es algo que sí ha hecho el presente gobierno, e indudablemente quedará marcado un antes y un después en el Seguro Popular que dirige Gabriel O´Shea.

“Gracias a que el Seguro Popular ha ido de la mano con la Auditoría Superior de la Federación y con la Tesorería, hoy ya no es posible que una Secretaría de Finanzas estatal reciba los recursos y se tarde meses en pasarlos a Salud. Antes le era fácil al funcionario tomar dinero del Seguro Popular y decir: ahí luego lo reponemos. Muchas veces lo jineteaban y transferían a su correcto destino hasta fin de año, ignorando carencias y aprietos de médicos y enfermeras en hospitales y centros de salud.

“Para compra de medicamentos, hoy hay filtros dobles. El ejercicio de los pagos ya no pasa por Finanzas estatales; directamente salen de la Secretaría de Hacienda, pasan por el SAT, se dirigen directo a la cuenta del proveedor, y el proceso lo ve en pantalla el Seguro Popular.

“A partir de las reformas a la ley en 2014 que entraron en vigor en el 2016, la CNPSS abrió 32 cuentas bancarias junto con la Tesorería de la Federación, una por cada estado. Ahora cada estado recibe en esas cuentas una proporción exclusivamente para compra de insumos. En el 2015 se depositó el 30% del presupuesto del SP, en el 2016 fue el 35%, en el 2017 el 43%; y en el 2018 será la mitad.

“Es dinero que los estados ya no ven porque está etiquetado expresamente para medicamento, material de curación y servicios vitales para funcionamiento de hospitales, como limpieza, vigilancia, alimentación. Quien si ve en todo momento en qué lo están usando es el Seguro Popular y la Tesorería, gracias a una plataforma tecnológica compartida donde checan cuánto pagan, para qué y a quién le pagan”.
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