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Para frenar el descrédito internacional, el combate a la
corrupción debe dejar de ser un tema retórico
Cuarta Plana
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Adrían Ortíz Romero Cuevas
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Con las implicaciones mexicanas del caso Odebrecht, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quizá se encuentre ante la última oportunidad de demostrar que, al menos parcialmente, tiene voluntad para hacer algo en contra de los actos de corrupción. Existe ya un señalamiento directo en contra del ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, que bien podría alcanzar esferas aún superiores del poder. De no hacer nada, el gobierno de Peña Nieto se enfrenta no sólo al descrédito internacional, sino también a la posible exigencia de acciones en contra de los responsables e incluso la aceptación de algunas presiones que estarían buscando el reconocimiento de una jurisdicción internacional en el combate a la corrupción.

En efecto, de acuerdo con una declaración grabada que dio a conocer recientemente Quinto Elemento Lab de Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, ex ejecutivo de Odebrecht, Emilio Lozoya recibió las “propinas indebidas” del gigante brasileño de la construcción a través de un prestanombres, quien abrió cuantas bancarias en el banco HSBC de Mónaco. De acuerdo con la investigación, Alves da Silva era el ex jefe del Sector de Operaciones Estructuradas de la compañía, la oficina encargada de armar los esquemas financieros necesarios para realizar los pagos de los sobornos.

El ex directivo de Odebrecht fue videograbado mientras rendía su testimonio, el 15 de diciembre de 2016, sobre lo que los fiscales brasileños conocen como el Anexo Temático 19, titulado “Presidente de Pemex”, al que Quinto Elemento Lab tuvo acceso, junto con declaraciones juramentadas, carpetas electrónicas y otros documentos, todos ellos confidenciales y algunos secretos. En el video, de poco más de siete minutos, señaló que Lozoya Austin es el dueño de las cuentas bancarias que se abrieron en el HSBC de Mónaco a nombre de las empresas offshore.

Como titular de esas cuentas aparece Rodrigo Durán, una especie de intermediario financiero contactado por Odebrecht, quien las endosó y las transfirió a Emilio Lozoya Austin, según precisó la investigación de los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna y Alejandra Xanic. “Rodrigo transfirió las acciones de la offshore de la cuenta en donde fue depositado el dinero. En cualquier momento, Emilio podía decir esa offshore es mía y esa cuenta es mía si en algún momento hubiera un malentendido entre Rodrigo y él”, sostuvo Alves da Silva, de acuerdo con la investigación de Quinto Elemento Lab.
En la grabación, los fiscales le preguntan si conoce a Lozoya, a lo que responde afirmativamente. Más adelante le preguntan sobre cómo se hizo el pago al ex directo de Pemex, a lo que respondió: “Se abrió una cuenta a nombre de un representante de Emilio, era una persona que nosotros recomendamos, el señor Rodrigo Durán. Emilio no quería tener una cuenta a su nombre”.

Estas revelaciones reavivaron las demandas relacionadas con que en México se persiga y procese judicialmente, igual que como se ha hecho en otros países a los funcionarios corruptos que han sido señalados por los ex ejecutivos de Odebrecht que se encuentran bajo investigación. Hasta ahora, Lozoya es el único mexicano señalado de haber participado en operaciones ilícitas de sobornos a cambio de favores desde el gobierno federal, pero hasta el momento las investigaciones han tenido poco impulso.

Concretamente, el gobierno federal tendría aún cierta oportunidad de procesar y aclarar a fondo el caso Odebrecht en su capítulo mexicano —aún con la caída de Lozoya y quizá otros más— para salvar el honor no del Presidente, sino de la justicia mexicana, que desde hace varios años —como consecuencia de los galopantes actos de corrupción, y la poca disposición de las autoridades nacionales para perseguir y castigar esos hechos— se encuentra sometida a fuertes presiones para reconocer la posibilidad de que un organismo internacional pueda ejercer acción penal en contra de quienes cometan actos de corrupción.

PRESIÓN INTERNACIONAL

Sobre el caso en cuestión, ayer miércoles la justicia ecuatoriana condenó al vicepresidente del país, Jorge Glas, que se encuentra en prisión preventiva, a seis años de cárcel por su implicación en el caso Odebrecht, la trama de sobornos a cargos públicos tejida por la constructora brasileña. El delito cometido por Glas, hombre de confianza del expresidente Rafael Correa, es según la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el de asociación ilícita. Es decir, el vicepresidente, suspendido de sus funciones, se benefició según la sentencia de sobornos millonarios para favorecer a la compañía. El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, le atribuyó hace un mes la responsabilidad de un "esquema gerencial" en una “organización delictiva y criminal”.

Este es un caso que presiona, pero no es el único y Odebrecht no es la única razón. Otras naciones han puesto también raseros que algún día alcanzarán a México respecto al combate efectivo a la corrupción. Por ejemplo, en agosto de 2015 el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Por el mismo caso fue aprehendida la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que antes se había visto forzada a renunciar ante la contundencia de las pruebas en su contra. Finalmente, tanto Pérez Molina como Baldetti se encuentran en prisión enfrentando diversos cargos.

Un punto importante es entender en qué consiste esa Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

PRESIONES SOBRE MÉXICO

Cuando en 2015 se escapó Joaquín Guzmán Loera de El Altiplano, Estados Unidos incrementó la presión sobre México para la creación de una comisión similar a la guatemalteca. La reaprehensión de El Chapo calmó las cosas. ¿Pero un caso del tamaño de Odebrecht, y la pasividad —encubrimiento— del gobierno mexicano, no sería también capaz de revivir esta exigencia internacional? Por eso, perseguir a los corruptos por voluntad debiera ser una de las prioridades a lo que le queda de gobierno al Presidente Peña Nieto.

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