Es abrumador cómo, a más tres lustros de distancia de la consolidación de la pluralidad de partidos en el poder en México, el único común denominador que existe es la corrupción. El lugar común, y lo políticamente correcto, nos llevaría a suponer que éste es sólo un fenómeno privativo de los gobernantes y servidores públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, volteamos a ver el panorama sólo para corroborar que esta es una práctica que no ha distinguido generaciones de políticos y gobernantes, y tampoco partidos. El problema es que eso está generando un agotamiento institucional importante, que ahora nos debe llevar a repensar en el modelo institucional bajo el cual se gobierna en México.

En efecto, hace ya algún tiempo el constitucionalista Miguel Carbonell advertía que el impulso inicial del gobierno de EPN a través del Pacto por México y las reformas estructurales no se puede repetir, ni siquiera a menor escala; que la credibilidad del gobierno ha sido dañada seriamente por el escenario económico adverso (el peso en las nubes, el endeudamiento público en niveles escandalosos, la gasolina al doble de lo que cuesta en Estados Unidos, el salario mínimo estancado, la pobreza sin disminuir en nada) y la popularidad del Presidente está en mínimos históricos.

Podemos pensar, afirmaba Carbonell (http://eluni.mx/2dwDzim), que la culpa es de las personas y no del diseño institucional que tenemos. A fin de cuentas, fueron escándalos como el de la Casa Blanca, el departamento en Miami, el plagio de la tesis, la visita de Donald Trump y el pésimo manejo de los 43 de Ayotzinapa lo que llevaron al suelo en las encuestas de popularidad al Presidente.

Todo eso es correcto, pero recordemos que el cansancio hacia la figura presidencial se ha venido repitiendo sexenio tras sexenio y es posible identificar algo parecido con los gobernadores en las entidades federativas. Y, frente a todo esto, Carbonell soltaba una “modesta sugerencia” que en realidad es un llamado urgente cada vez más compartido por quienes están encargado del estudio del modelo de organización política de nuestro país: cambiemos la duración del periodo de gobierno, para dejarlo en cuatro años. Ese mismo lapso de tiempo se debe aplicar tanto a la Presidencia de la República como a las gubernaturas.

Una persona que tenga buenas ideas y sepa del manejo de las cuestiones de Estado tiene tiempo de sobra en cuatro años para realizar sus proyectos. Luego debe dar lugar al siguiente. O bien, decía Carbonell, podemos atrevernos a dar un paso adicional y pensar en un diseño semejante al de Estados Unidos: un periodo de gobierno que dure cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección. Me imagino que los puristas y tradicionalistas pensarán que tocar el principio de no reelección presidencial es una barbaridad, pero creo que debemos estar abiertos a debatir todas las opciones. Lo que queremos todos son gobiernos que funcionen y cumplan su trabajo. Hoy no los tenemos.

En ese escenario, un sencillo recuento nos puede dar algunas coordenadas básicas sobre cómo la corrupción en México no ha distinguido partidos ni gobernantes, y tampoco ha sido propia de un solo momento de nuestra historia entre la transición fallida y la pluralidad inservible para nuestro país:

1.— En el PRD. El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que encarnó la alternancia política estatal, se halla al centro de una red de desvíos que incluye múltiples cuentas bancarias y connivencia con proveedores y constructores. Sólo los montos de cuentas detectadas a su operador Jorge Castillo, entre otros presuntos prestanombres, superan los 7 mil millones de pesos, una parte significativa de la deuda local. Hace años que Castillo no es funcionario público; su último sueldo público fue de 12 mil pesos mensuales.

2.— En el PAN. Guillermo Padrés no sólo fue encubierto por el gobierno de Felipe Calderón, sino también por líderes del PAN, que a punto estuvieron de llevarlo a la presidencia del partido. Los cargos federales son por lavado de dinero y abarcan a parte de su familia y amigos. Localmente el gobierno de Claudia Pavlovich acumula más de un año sin acciones directas en su contra. La nómina de las empresas contratistas tiene vasos comunicantes lo mismo con personajes de Acción Nacional que, dato curioso, con dirigentes y ex mandatarios del PRI.

3.— En el PRI. Además de Javier Duarte y de su homólogo y correligionario de Chihuahua, César Duarte, los señalamientos de corrupción se extienden a casi todos los demás mandatarios estatales del partido oficial, lo que desde luego incluye a Rubén Moreira y su hermano y antecesor, Humberto, en Coahuila. Si de algo ha servido el bloque de gobernadores denominado Conago, lanzado con la llegada del PAN a inicio de los 2000, ha sido para forrar de impunidad a los gobiernos estatales priístas, primera y última frontera en cualquier batalla seria contra la corrupción.

A esa lista, más recientemente, se han sumado otros ex gobernadores que han terminado en problemas. Actualmente son más de 12 los que enfrentan procesos judiciales y varios de ellos, Roberto Borge y Javier Duarte, se encuentran en prisión acusados de diversos delitos relacionados con el desvío de recursos y e incluso la delincuencia organizada, entre otras cuestiones administrativas que rebasan todo nivel de tolerancia y que incluso pueden llegar a rayar en el delirio.

Ahora bien, en otro extremo se encuentra lo relacionado con el llamado “cabildeo” legislativo, que también presenta enormes problemas. Pues, de hecho, el cabildeo de legisladores en favor de privados, los despachos propiedad de senadores; en suma, la complicidad abierta, multiplica sus tentáculos en ambas Cámaras. Un personaje acumula señalamientos: Emilio Gamboa, protector del gobernador Javier Duarte, cercana influencia en temas ligados a las comunicaciones y telecomunicaciones. A su círculo se le atribuye estar frenando una iniciativa presidencial que desde hace meses busca fortalecer la seguridad de los puertos mercantes con personal de la Marina. Muchas capitanías de puertos son hoy dominio del crimen organizado. El área la controla Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, un viejo aliado político de Gamboa Patrón. Así, pues, la corrupción no distingue hoy en México partido ni generación.

De este tamaño es el problema que tendrá que enfrentar el próximo presidente. México no aguantará otro sexenio perdido, ni otro periodo de simulación y saqueos. Las cosas tienen que moverse de inmediato antes de que todo termine verdaderamente mal.

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