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Alfredo Martínez de Aguilar
Alfredo Martínez de Aguilar
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MANOSEO POLÍTICO
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Jueves, 12 de abril del 2018 09:25 hrs.
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11:06 Confirma dirigente del PRI Jorge Gonzales Ilescas triunfo de su candidata en Ihualtepec
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Felipe Sánchez Jiménez
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* 2018-12-06 REYERTAS JUDICIALES
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* 2018-12-04 DILUYEN LA 4-T
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* 2018-12-03 OPTIMISMO REBASADO
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* 2018-11-30 CONSTRUCTORES CORRUPTOS
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* 2018-11-29 CARTEL 22, DEBILITADO
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* 2018-11-28 OTRO DESLIZ DEL TEE
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* 2018-11-27 SIMULADORES
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* 2018-11-23 AUSTEROS
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Fuentes confiables aseguraban anoche que la libertad del médico Luis Alberto Pérez Méndez, era inminente. Solo es cuestión de horas, insistían. Seguirá el proceso en libertad.

¿Por qué tanta ligereza? Me dicen que constatan el Poder Judicial que el Ministerio Público erró en la debida integración de la investigación lo que, según me dicen, evidenció poca profesionalización en la Fiscalía General. Por cierto, vale decir que el titular Rubén Vasconcelos, recibió esta institución profundamente socavada, sumida en una gran corrupción y, para colmo, con una Policía investigadora indisciplinada y poco profesional.

Esto significa el Talón de Aquiles para Fiscal General cuestión que se complica por la falta de recursos. Quienes saben de la situación, me dicen que la Fiscalía hoy es una institución de harapos.

Este entorno de crisis viene a complicarse por el terrible manoseo de grupo políticos de interés en el caso. Por un lado están los profesionales de la agitación social (se menciona el nombre de Flavio Sosa dueño del membrete Comuna, personajes del cartel 22, capos del sindicalismo de los SSO, políticos sin escrúpulos del PAN y del Morena y otros expertos en desestabilización política). Todos incitan a la confrontación abierta entre la sociedad civil, principalmente en sus sectores de médicos y juristas.

Es decir, todos están en la cancha de juego sin saber dónde está el balón.

NADA LOS FRENA
La muerte del menor Edward Luna Trujillo de 3 años y la detención del médico Luis Alberto Pérez Méndez es una situación complicada. Exhibe nuestro deficiente sistema de impartición de justicia con investigadores, peritos y tecnología muy rústica. Esto lo aprovechan personas sin recatos para politizar el caso y sacar raja. No los detiene ni el gran dolor por el fallecimiento del niño.

Las Fiscalía, por su parte, con los elementos y personal primario habla de negligencia médica y cita como probables responsables al médico procesado y a la anestesiólogaGabriela Cruz quien, por cierto, más audaz, buscó el amparo y protección de la justicia federal. Otro yerro colosal fue llevar el tema a los medios de parte del Fiscal quien, incluso, se erigió en juez y hasta llegó a mencionar años de sentencia para el acusado.

Los padres del niño muerto, reiteradamente han dicho que quieren solamente justicia. Piden a la contraparte no generar odios ni politizar el asunto pero la vorágine sigue arrastrando todo, hasta la sensatez y la justicia.

Algo que debería ser normal en un Estado de derecho, en Oaxaca se enmaraña para obtener del Estado dos cosas: impunidad y dinero. Hablan ya hasta de movilización nacional de médicos en lugar de enfrentar jurídicamente la acusación y probar inocencia. El camino más fácil de la muchedumbre es la batahola y el griterío de que “no a la criminalización” del ejercicio profesional de la medicina. El mismo bullicio del cartel 22.

Uno de los argumentos del Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez es que el galeno Luis Alberto Pérez y la anestesióloga Gabriela Cruz “actuaron con dolo eventual” al someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico en un hospital que no cuenta con Unidad de Terapia Intensiva. Tampoco consideraron riesgo de eventualidades ni las condiciones físicas generales del menor. Por eso, ambos indiciados fueron llevados a proceso por homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica.

Los padres del niño que murió, apelan al buen juicio de los profesionales de la salud para que no influyan ni entorpezcan la investigación. Los médicos, en masa, sin recapacitar debidamente pretenden impunidad para su compañero. No reparan en lo que dice la ley. Exigen se reclasifique el delito y no se considere como un acto doloso si no imprudencial o culposo.

Los facultativos más sensatos dicen: “no estamos aquí para cubrir errores, somos humanos y estamos expuestos a esto”.

Por el sesgo político que dan a este asunto de negligencia médica, es natural la reacción de la sociedad que cuestiona a estos profesionales por su falta de preparación, ya que durante su formación en las universidades dedican más tiempo a la grilla, las marchas y plantones que a estudiar.

Igual de cuestionados la Secretaria de Salud y el gobierno por no vigilar que los hospitales públicos y privados cumplan los reglamentos sanitarios y los protocolos. Estos descuidos suceden de manera brutal en el Hospital Civil. ¿Cuántas personas mueren por negligencia médica en hospitales públicos? Donde para rematar, los sindicatos sirven para amparar estos actos.

Lo vemos y padecemos con la movilización de los capos del sindicalismo de la SSO, un tal Alberto Vásquez San Germán y Mario, el gato Félix, verdaderos hampones que se oponen a toda regularización en la Secretaría, y que chantajean y lucran con la salud de los oaxaqueños.

Sorprende el escándalo cuando se tiene el referente de 6 facultativos que han sido destituidos de sus cargos por el delito de homicidio culposo a causa de una negligencia médica.

Los profesionales de la salud alegan que su movimiento se volvió nacional. Puede ser si vemos que triunfa la impunidad. Lo grave es que las negligencias médicas podrían seguir ocurriendo mientras no haya sanciones.

LA ENMIENDA
Hoy ha tomado el rumbo jurídico exacto luego de ser analizado el expediente del “Caso Edward”, por peritos en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia. Al vencerse el término constitucional por la apelación presentada, habrían de liberar de la prisión al médico Luis Alberto Pérez Méndez para enfrentar su proceso en libertad al igual que su compañera, la anestesióloga Gabriela Cruz López.

Esto dejaría en claro, que no fue por la presión de ningún sector como el médico, el jurídico y mucho menos de oportunistas líderes de organizaciones sociales, sino del estudio jurídico del expediente por especialistas de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
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