La puesta en libertad del médico especialista implicado en la muerte del niño Edward, puede generar una polvareda de verdades a medias y presunciones infundadas que, por la salud de la convivencia entre la sociedad y la comunidad médica oaxaqueña y del país, debe disiparse lo más pronto posible. Es cierto que el médico fue puesto en libertad. Pero también lo es que, independientemente de ello, el proceso judicial no está concluido, ni tampoco está desvirtuada la acusación que formuló en su contra la Fiscalía General del Estado.

En efecto, desde las primeras horas de la tarde de ayer circuló la versión, que luego se confirmaría, de que el médico Luis Alberto P.M. habría de recuperar su libertad luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia resolvieran la apelación al auto de vinculación a proceso y el establecimiento de la pena de prisión preventiva, que un Juez de Control le había impuesto al galeno, luego de que le fuera ejecutada una orden de aprehensión por la comisión del delito de homicidio doloso con agravante de responsabilidad médica, y por eso mismo fuera presentado para comunicarle la imputación y decretar su vinculación a proceso.

Esta determinación inicial del Juez de Control, fue lo que generó la inconformidad de la comunidad médica en Oaxaca y en el país, que desde el primer momento salió a protestar por el hecho de que su compañero médico hubiera sido puesto en prisión. Esencialmente, los galenos argumentaban que los médicos se preparan para salvar vidas y no para matar personas, y que por esa razón no se podía “criminalizar” la labor de un especialista que sólo hacía su trabajo. Lo cierto es que la protesta tenía como base la decisión de meter en prisión del médico imputado, pues en realidad el ejercicio de ningún profesionista —y sus consecuencias— está excluida de posibles responsabilidades frente a la sociedad, y en esa lógica el gremio médico no es ni debiera ser la excepción.

Ahí comenzó una cadena de linchamientos, que sólo desvió la atención de los temas de fondo, y alimentó la división entre la sociedad oaxaqueña. Toda la comunidad médica acusó al Fiscal General del Estado de estar actuando indebidamente, a pesar de que la función principal del Ministerio Público es la de perseguir la comisión de delitos, y formular acusaciones cuando considera que existen elementos necesarios sobre la posible comisión de un ilícito, para ponerlos a la valoración y consideración de un juez del Poder Judicial.

Del mismo modo, la comunidad médica argumentaba que no debía criminalizarse la labor profesional de los médicos, cuando en realidad de lo que se trata es de desvirtuar la acusación penal formulada por la Fiscalía y aceptada por el Juez, de que los médicos imputados actuaron incorrectamente y que, o por una negligencia, o por un acto deliberado, provocaron la muerte del menor. Incluso, en el enfrentamiento retórico hubo quien acusó a los padres del menor fallecido de estar actuando dolosamente, cuando lo cierto es que como víctimas de un delito ellos están en la postura natural, esperable, deseable y necesaria de pedir que, en justicia, se le dé a cada quien lo que le corresponda frente a este caso.

La comunidad médica demandaba que la Fiscalía retirara la acusación que formuló en contra del médico. Esto no sólo no iba a ocurrir ya que el propio Fiscal General dijo que eso sería algo que esa institución simplemente no haría; pero tampoco habría podido ocurrir así de forma lisa y llana, ya que las víctimas del delito presuntamente cometido también tienen derecho a exigir justicia, y a buscarla en los tribunales incluso frente a una eventual decisión unilateral del Fiscal General de retirar la acción penal ejercida ante el juez penal.

Lo cierto es que independientemente de cuál sea la situación en la que se encuentre el médico, respecto a su integridad personal, lo cierto es que el procedimiento deberá continuar hasta su conclusión. Lo único que habrían revalorado en este momento los magistrados que revisaron la medida cautelar de prisión preventiva, impuesta por el Juez de Control, es respecto a que el médico imputado no es susceptible de sustraerse a la acción de la justicia, y que por ende puede continuar en libertad durante todo el tiempo que dure el desahogo del juicio.

Por esa razón, es incorrecto suponer que lo que se hizo fue concretamente un acto de justicia, ya que hasta el momento siguen sin ser valorados todos los elementos objetivos, que al final tendrán que servir para llegar a una conclusión de culpabilidad o inocencia del médico que ayer fue liberado, y de la anestesióloga que también está procesada pero que desde el inicio pudo enfrentar esta situación en libertad. Por eso, no se puede hablar aún de justicia, porque la justicia no está sujeta a la mayoría de razón ni a las presiones sociales. Quizá hubo algún elemento social o político, de prudencia para la distensión del conflicto, lo que en parte habría motivado la resolución de los magistrados. Sin embargo, para efectos del fondo del juicio esencialmente todo esto no significa nada aún.

Por todo ello, es necesario esperar a que el caso continúe su curso, y a que finalmente sea en los tribunales en donde todo esto se dirima. Es imposible pensar, o suponer, que por una decisión inicial todo el asunto cambie el curso. También es necesario que todos, el gremio médico y la sociedad, asuman la responsabilidad y el valor civil para apostar a que sean también profesionales, en este caso del derecho, quienes en sus calidades de abogados y jueces, además de todos los peritos que deban participar, sean quienes contribuyan a esclarecer el hecho, encontrar la verdad y establecer el grado de responsabilidad que pudo tener cada uno de los implicados.

Para todos será costoso el linchamiento social al que se sometió a la Fiscalía General, a los jueces y a todos los que de alguna forma están involucrados en este hecho. Ni eso, ni la presión social, elimina el hecho de que todos estamos frente a la comisión de un acto ilícito, y a que independientemente de que éste sea doloso o culposo, de todos modos causa gran dolor a la familia y sus seres queridos, y por eso mismo debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, igual que cualquier otro caso similar cometido por cualquier otro profesional de cualquier ramo, en el ejercicio de sus habilidades y conocimientos profesionales.

Se ha revictimizado a los padres del menor, con el linchamiento y el señalamiento social, no con la libertad provisional del médico imputado. Esto, a su vez, no genera impunidad porque nadie ha sido exculpado de nada. A este proceso le queda aún mucho por delante.

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