* La petición es formulada por escrito al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los diputados electos de la LXIV Legislatura Local del Congreso del Estado de Oaxaca.
* Proponen crear un Tribunal Universitario autónomo, cuyos miembros sean honorarios, electos por el Consejo Universitario entre los profesores jubilados con el perfil correspondiente.


Un grupo de catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), demandan la abrogación de su actual Ley Orgánica, promulgada el primero de marzo de 1988.

La petición es formulada por escrito al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y a los diputados electos de la LXIV Legislatura Local del Congreso del Estado de Oaxaca.

Piden una nueva Ley para terminar con el cacicazgo del rector, electo por el Consejo Universitario paritario maestros-alumnos, eliminando el voto universal de toda la comunidad universitaria.

Asimismo, proponen crear un Tribunal Universitario autónomo, cuyos miembros sean honorarios, electos por el Consejo Universitario entre los profesores jubilados con el perfil correspondiente.

El diagnóstico elaborado por los maestros universitarios justifica su demanda de manera clara y precisa: grave crisis económica, financiera, administrativa y educativa, que flagela a la UABJO.

Con el afán de contribuir a la solución de sus problemas enumeran que la UABJO es la universidad pública dotada de autonomía que alberga al mayor número de estudiantes en todo el Estado.

Paulatinamente ha reducido la matrícula de alumnos, contrariamente al crecimiento poblacional, y es paradójico que hace 15 años tenía más de 30 mil alumnos y, ahora, apena rebasa los 20 mil.

Pese a lo anterior, se incrementó la planta docente, más allá de los parámetros o planta docente autorizados por la Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La educación que se imparte en la UABO, es de pésima calidad, debido a varios factores: Improvisación magisterial, al aceptarse personal docente sin el debido perfil profesional.
No existen, además, cursos continuos de actualización, tanto profesional como pedagógica. Salarios bajos, que oscilan entre 40 y 60 pesos la hora clase, a pesar que la media nacional en la educación básica que imparte el Estado es superior a los 100 pesos la hora clase.

Aproximadamente 30 por ciento del personal docente, no tiene prestaciones de seguridad social, es decir, no está afiliada al IMSS y, en consecuencia, no aporta al SAR ni al INFONAVIT, a pesar que es una obligación legal. Se utilizan servicios de empresas que de manera fraudulenta practican el esquema outsourcing.

Los exámenes de ingreso por oposición, no se han aplicado, en los términos establecidos en el Estatuto de Personal Académico, es decir, ha sido letra muerta. De igual manera, la promoción por antigüedad y méritos científicos o académicos, han sido letra muerta.
La investigación científica es casi inexistente en todas las áreas del cocimiento de las ciencias exactas o naturales.

En el orden político-administrativo, en principio, el sistema electoral basado en el voto directo y universal para elegir autoridades universitarias solo dio motivo a priorizar una conducta clientelar con los alumnos para capturar el voto, con las consecuentes prácticas de corrupción, vía la compra de voluntades por medio de las calificaciones y amenazas o, en última instancia la violencia.

Para preservar cotos de poder, se genera la compra de conciencias y la perversión de la conducta de maestros y alumnos, de tal manera que se asimilan a administraciones caciquiles y feudales.

Y para lograr lo anterior ha sido necesaria la inversión de cuantiosas cantidades de dinero para los procesos electorales, que luego son recuperados por las “autoridades universitarias” vía la corrupción de todo tipo.

En la práctica no se ha dado la transparencia en el manejo de los recursos económicos y materiales de todo tipo, que van desde los otorgados por el Estado vía subsidio, o el cobro de inscripciones, o de plano la venta de espacios para alumnos de primer ingreso, venta de espacios comerciales en las áreas de la UABJO, de manera permanente o transitoria, ingreso de los que no se rinde cuentas, a pesar que se recaudan aproximadamente 100 millones de pesos anualmente.

Desorden, anarquía y tardanza injustificada en los trámites administrativos, se entiende con el propósito de alentar la corrupción, para obligar a los alumnos al pago y cobro de cuotas ilegales en todo tipo de trámites, desde el proceso de inscripción, hasta la entrega de los títulos profesionales, al extremo de tardar hasta cerca de tres años, para su expedición, además del maltrato a los alumnos y padres de familia usuarios de los servicios administrativos.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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@efektoaguila