El jueves 8 de noviembre de 2018, la fracción en el senado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó una iniciativa de reformas a las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, que busca eliminar comisiones y cobros que realizan a sus clientes, como consulta de saldo y retiro de efectivo.

La iniciativa animó a muchos, pero sobre todo entusiasmó a los morenistas que no son pocos. La iniciativa significa, entre otras cosas, la decisión del régimen de la Cuarta Transformación de comenzar a socavar los cimientos de un sistema de explotación que ha llevado a la miseria a millones de mexicanos.

De aprobarse dicha iniciativa, afectará parte del 30% de las utilidades de los banqueros, utilidades que tienen como fuente el cobro comisiones sobre la consultas de saldos, estados de cuentas de meses anteriores al actual, reposición de plástico bancario, etc.

La reacción de los banqueros fue inmediata. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una pérdida de 5.81% en las acciones; a juicio de los expertos fue la caída de la bolsa más importante desde noviembre de 2016. Miles de grandes y pequeños inversionistas, pensionados (AFORES) y empresas, perdieron parte de su patrimonio con este duro golpe de los banqueros a la bolsa. La culpa, como acostumbran, se la echaron al todopoderoso mercado.

La maniobra surtió efecto, según Animal Político, la representación de la fracción parlamentaria de MORENA “informó que recibirá a los representantes de grupos económicos y financieros, para buscar un “justo medio” en la propuesta que ese partido presentó este jueves, para disminuir las comisiones que se cobran a ahorradores.

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que “el país está cambiando y será para bien” y, por eso, su grupo aceptó reunirse con los banqueros para escucharlos”.

Al día siguiente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa en su casa de transición, declaró : “No vamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo fiscal. En esta primera etapa del gobierno y para ser más precisos, en los primeros 3 años, ninguna modificación”.

La necesaria reflexión a la que inducen estos hechos lleva al cuestionamiento de la capacidad que tendrá el régimen de la cuarta transformación para enfrentar a los ya declarados enemigos del pueblo de México.

Andrés Manuel López Obrador llega al final de la ola de los llamados gobiernos progresistas cuya prevalencia en la región cubrió toda la década de los años 90s. Uno de los más grandes errores de los llamados gobierno progresistas de Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Bolivia, fue el de la corrupción; pero quizás el más grave, fue su miedo a sustentar su poder en la participación directa de los pueblos y movimientos sociales en los asuntos públicos.

Después del triunfo de AMLO, algunos intelectuales señalaron el distanciamiento que se observa entre el presidente electo y cualquier otro movimiento social que no sean los que MORENA controla; hecho que podría marcar su debilidad como la marcó en el caso de otros gobiernos.

Si los líderes de la Cuarta Transformación no quieren pasar a la historia como la gran esperanza fracasada, tienen que comenzar por ser prudentes y mejor coordinados en su interior. Algunos militantes de MORENA toman como verdad las declaraciones de su dirigente en el sentido de que la cuarta transformación constituirá un régimen al servicio del pueblo (concepto que utilizo en el sentido que lo toma Enrique Dussel); lo anterior explicaría algunos desplantes del grupo más a la izquierda de López Obrador, que después son rectificados por el presidente electo; o bien, grupos que reciben “línea” de cuya instrumentación pagarán después los platos rotos.

Como quiera que sea, al parecer los poderes fácticos que controlan la economía mexicana no están dispuestos a ceder ante intentos de reducir sus multimillonarias ganancias. Su tolerancia tiene los límites de la llamada “gobernabilidad”, concepto re-significado por el Banco Mundial (BM) para poder calificar de gobiernos o “Estados fallidos” a todo régimen de gobierno non grato para el gran capital.

Los márgenes de operación están delimitados por el grado aceptable de “gobernabilidad”. Ese gradiente se mide por tres grandes dimensiones, la primera tiene que ver con (a) los procesos por los cuales los gobiernos son seleccionados, monitoreados y electos o destituidos; (b) la capacidad de los gobiernos para formular y aplicar eficazmente políticas públicas sólidas y (c) el respeto de los ciudadanos por las leyes y el estado de las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales.

Las dos últimas dimensiones son de particular interés, porque cuando el Banco Mundial habla de la “capacidad” de los gobiernos para formular y aplicar eficazmente políticas públicas sólidas, se refiere en específico a la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

En relación con la tercera dimensión que refiere al respeto de los ciudadanos a las leyes y el estado de las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales, el Banco Mundial no se anda con ambigüedades, se refiere a dos cosas:

1.- La medida en la que los agentes confían en y cumplen con las reglas de la sociedad, y en particular la calidad de la ejecución de contratos, derechos de propiedad, la policía, los tribunales, así como la probabilidad de ocurrencia de crímenes y actos violentos y

2.- La medida en que se ejerce el poder público para el beneficio privado, incluyendo en ello la pequeña y la corrupción a gran escala, así como la “captura” del Estado por élites e intereses privados.

Entiéndase: cuando se refieren al “poder público” sus objetivos deben entenderse como se establece en el punto 1. El punto 2 parece ser el eje principal de la Cuarta Transformación.

Cabe entonces preguntarse si el próximo gobierno se sujetará a los marcos normativos establecidos por el Banco Mundial en beneficio de los grupos de poder económico o si romperá con ello.

Si no es así, convendría que los asesores de MORENA difundan los criterios de gobernabilidad del Banco Mundial para que sus militantes estén claros en cuanto a los límites de sus ganas de cambiar a México; pero si lo cierto es lo contrario, sería prudente que el futuro presidente de México fortaleciera a los movimientos sociales y al pueblo en general, en el sentido de abrir su participación, no mediante encuestas consultivas, sino cediendo espacios de intervención directa en asuntos de gobierno. No es fácil, pero tampoco imposible.

El esfuerzo debe hacerse porque, insisto, es nuestra última oportunidad de construir un proyecto de nación con justicia, soberano y democrático.