La banda de rijosos del cartel 22 y la APPO que comanda Flavio Sosa al del Congreso del estado, tejieron con tanta perversidad sus trapacerías con la idea de agandallarsela DDHO que, al final, terminaron enredándose en las mismas.

La gran diferencia, respecto al perfil académico y experiencia de los que realmente son estudiosos del tema de Derechos Humanos, y el oportunismo de los cinco que promueven Flavio y su hermano el diputado Horacio Sosa, quedo grabada en las entrevistas con los de la Comisión respectiva. Los cinco diputados intentaron -por línea de la banda APPO- hacer a escondidillas las entrevistas con los 40 aspirantes y limitar a solo 10 minutos para preguntas e igual tiempo para la exposición de cada uno, pero el tiro les salió por la culata.

Se rebelaron los aspirantes y aunque no les permitieron ampliar el tiempo para preguntas y respuestas, acordaron grabar y transmitir en vivo, vía internet, esos encuentros. Así quedo registrada la evidencia de quiénes son los oportunistas y la calidad de los expertos.

La salida del jurista Álvaro Jiménez Soriano del proceso de selección, exhibió las maniobras de la banda APPO y prendió los focos rojos respecto a la intentona de Flavio Sosa de utilizar a los cinco diputados del Morena para dar un albazo. Ayer insistía en que el elegido fuera Yessica Maya, su corifeo Cesar Mateos, Flor Estela Morales o hasta Emilio de Gyves, pero nadie más. Conocedor de los efectos de la presión política, hasta hizo correr el rumor de que “grandes contingentes” de movilizaban en apoyo a la candidatura de Cesar.

PERFILADOS

Si la sensatez llega, finalmente, a la cámara de diputados y los cinco de la comisión de Derechos Humanos, actúan con imparcialidad, Oaxaca podría llegar a tener un ombudsman con autoridad moral, experiencia y, sobre todo, con legitimidad. Les digo esto porque entre los más de 40 aspirantes hay oportunistas y gandallas, pero también hay estudiosos y con gran experiencia internacional en el tema de Derechos Humanos. Menciono algunos: el maestro Alexander Pérez Carreño certificado por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está también el doctor José Antonio Álvarez, Luis Raúl Hernández Avendaño. Entre otros que, de llegar, darían lustre a la depreciada Defensoría de los Derechos Humanos de los Oaxaqueños (DDHO) que aún preside un siniestro personaje como Arturo Peimbert, emblema del rapiñoso “Gabinato”.

Algunos de los participantes comentan que una imposición tan burda como la que pretende la camarilla APPO infiltrada en el llamado poder legislativo, no puede ser, por dos cosas.

Primero, los aspirantes podrían unirse y exhibir las evidencias grabadas de los que son, realmente expertos, y los oportunistas que buscan la DDHO como una concesión política a determinado grupo.

Segundo, el que llegara como una mera imposición, carecería de legitimidad y esto no hablaría bien de un gobierno federal que se dice “diferente”.

INDIGENISMO CUESTIONADO

La certitud de que los carniceros de ayer son las reses de hoy, cabe en el comportamiento del gabinista Adelfo Regino Montes hoy conductor de la política indigenista de la 4T.

En la ruta de que “echando a perder se aprende”, Adelfo lleva tres meses de tropiezos. En este momento padece una verdadera colisión con los vividores de las políticas indigenistas en el Istmo de Tehuantepec.

Llaman al director del Instituto de los Pueblos Indígenas, cabeza de “una burocracia neo indigenista apegada a simulaciones para imponer megaproyectos donde las comunidades sigan siendo despojadas en nombre del desarrollo”.

En una declaración que firman más de cien organizaciones harto conocidas por su sistemática oposición a programas de gobierno e inversiones de gran calado en el Istmo de Tehuantepec, se nota su estrategia. Se oponen a todo si previamente no los llaman a negociar. Con esta tónica se oponen a la consulta que realiza el INPI en relación al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

“Esperamos que esta invocada Cuarta Transformación, dicen, no se convierta en más de lo mismo: despojo, pobreza y violencia para los dueños históricos del territorio”. Advierten también que “las comunidades, grupos y colectivos de trabajo y las organizaciones indígenas y de derechos humanos aquí firmantes expresamos nuestra preocupación y malestar por la Convocatoria emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y operada por el naciente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”.

Les digo. No es lo mismo ser agitador profesional que formar parte de un gobierno.