* Por ineptitud, omisión, negligencia, soberbia y mala leche de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, el conflicto escaló a la capital oaxaqueña y es ya un innecesario escándalo nacional.
* Condenable que por estupidez los jefes policíacos no videograben los operativos e incluyan a MPs, Notarios, médicos forenses y, sobre todo, a visitadores de Derechos Humanos, para dar fe pública de los hechos.


En una acción previamente concertada, continúan surgiendo conflictos étnico-religiosos en las diversas regiones de Oaxaca. El pretexto es lo de menos, líos agrarios, electorales o municipales.

Resurge el añejo conflicto político-económico por el negocio de las limosnas en El Pedimento entre las autoridades municipales y comunales de Santa Catarina Juquila y Santiago Yaitepec.

Por ineptitud, omisión, negligencia, soberbia y mala leche de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, el conflicto escaló a la capital oaxaqueña y es ya un innecesario escándalo nacional.

Se trata de una acción planificada y fielmente ejecutada con participación de dirigentes de Morena. Agitación y subversión presuntamente financiada por el narcotráfico y grupos armados, para provocar ingobernabilidad en el Estado.

Quienes dirigen SSPO, expertos en seguridad nacional, saben que en estos conflictos, con logística paramilitar, utilizan a mujeres y niños como escudo humano, para crear víctimas y denunciar represión.

Condenable que por estupidez los jefes policíacos no videograben los operativos e incluyan a MPs, Notarios, médicos forenses y, sobre todo, a visitadores de Derechos Humanos, para dar fe pública de los hechos.

Como parte de la Agenda de Riesgos los ex funcionarios del CISEN saben que, además de dar golpes sorpresas, están obligados a adelantarse a los acontecimientos y sus repercusiones en derechos humanos.

Otra vez, toca el turno calendarizado a Juquila y Yaitepec, durante la época de mayor afluencia de peregrinos nacionales y extranjeros. De ninguna manera es una provocación casual y sí, causal.

Es el fondo del conflicto en la zona mixe entre San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, por El Manantial Meejy Ajpy, entre otros, promovido por Adelfo Regino Montes.

El ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy director del Instituto Nacional de los Pueblos Indios (INPI), tiene el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La prefabricada “guerra por el agua” entre ambas comunidades mixes se agrava por la injerencia del narcotráfico y presuntamente de grupos armados radicales. Igual que en Juquila y Yaitepec.

A pesar que se pretende descalificar nuestras críticas y denuncias, para muchos oaxaqueños no es desconocido que en la zona Mixe, Chatina, Sierra Sur e Istmo, se siembra mariguana y amapola.

Los conflictos son alimentados por sacerdotes y religiosos izquierdistas seguidores de la Teología de la Liberación y su Opción Preferencial por los Pobres como Uvi, el famoso Padre guerrillero.

El sacerdote Romualdo, Francisco, Wilfrido Mayrén Peláez cuenta con el apoyo incondicional de una amplia red de activistas como el dirigente de Comuna, Flavio Sosa, y Efraín Solano Alinares.

Uno y otro, cura y activistas, promueven conflictos con saldos sangrientos de muertos y heridos. Los muertos en los conflictos son un gran negocio de Flavio Sosa y su organización Comuna.

Es la cultura de la muerte que promueven los políticos “carroñeros” que se alimentan de los indígenas, campesinos y colonos muertos en enfrentamientos por ellos prefabricados en Oaxaca.

Genialmente perversos, buscan atraer los reflectores de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para presionar y chantajear al Gobierno federal y estatal.

La perversidad se probó con la difusión del video que exhibe en las redes sociales el montaje de una mujer de Yaitepec supuestamente desmayada, que ríe al ser subida a una camioneta.

De inmediato, Flavio Sosa se “agandalló” la muerte de la comerciante septuagenaria Maximina Carmona Salinas, originaria de Yaitepec, presuntamente agredida en el desalojo policíaco.

Flavio, acusado en el acto de Morena en la Plaza de la Danza, cuenta con el apoyo de su hermano, Horacio, desde la caja de resonancia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

El presidente de la Jucopo condenó el desalojo ordenado por el Gobierno del Estado al bloqueo en el santuario “El Pedimento”, en Juquila, que presuntamente habría costado la vida de Maximina.

“El conflicto entre esos municipios tiene décadas, y su simple existencia muestra la incapacidad gubernamental, cuando no la complicidad y los intereses perversos por mantener viva esa añeja disputa”, señaló sin morderse la lengua el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Cuestionó igualmente que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reduzca la complejidad del conflicto al diálogo entre las y los habitantes ambos municipios, “haciendo de lado su obligación constitucional de vigilar las acciones y omisiones de las autoridades”.

El propósito de Flavio y su hermano, como siempre, es enarbolar como bandera a los muertos y heridos en los enfrentamientos en diversos conflictos prefabricados para lucrar con éstos.

La nieta de Maximina, Elvira Cruz denuncia, a través de un video que circula en redes sociales, que su abuela fue agredida en el desalojo de El Pedimento, en el que se disparó gas lacrimógeno.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno asegura que la señora Maximina Carmona, de Yaitepec, muerta, que se reporta en redes sociales, fue por causa natural una noche antes.

El Gobierno de Oaxaca confirma en comunicado, a su vez, que no hubo lesionados ni detenidos en el operativo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva para recuperar El Pedimento.

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