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El reportaje

 

La opinión

 
 
Francisco MÁRQUEZ | Cuarta Plana
Martes, 25 de septiembre de 2018 13:27 hrs.
Oaxaca, Oax.- A pesar de que México ocupa el primer lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el mayor número de casos de embarazos adolescentes, en el país hay una gran opacidad sobre la información estadística de este problema.

Hay estados que no tienen información y otros que tienen cifras a medias o confusas, entre ellos Oaxaca, cuyo Gobierno, además se ha negado a dar cifras sobre este tema y compartió datos a medias.

Es así como lo revela en un informe el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
En el caso de Oaxaca, detalla el escrito, durante el trienio 2016-2018 se documentaron mil 511 casos de embarazos adolescentes de niñas menores de 15 años de edad. La gravedad de la situación, precisa, radica en que la mayoría de ellos están asociados a la violencia o abuso sexual cometido principalmente en el círculo familiar o el entorno inmediato.

El CLADEM abundó que estas cifras colocan a la entidad en el tercer lugar nacional con más casos de embarazo adolescente y en el mismo sitio por casos de embarazo infantil forzado, documentado principalmente en comunidades de alta y muy alta marginación.
La organización condenó que a pesar de esta incidencia en Oaxaca no se cuenta con políticas públicas eficientes encaminadas a erradicar esta problemática. “En Oaxaca no se reconoce el embarazo infantil forzado por la condición cultural de las comunidades en las que se presenta” señala.

Por este motivo CLADEM presentó su informe “Embarazo y maternidad infantil forzada en México: cada niña cuenta” cuyo objetivo es visibilizar la problemática y aportar información que permita crear políticas públicas para combatirla.
Además de reconocer este problema como una forma de tortura, al obligar las autoridades a las menores a llevar el embarazo a término y no facilitar el acceso a una interrupción legal y voluntaria, debido a la legislación obstructiva.

Lo anterior, con la finalidad de contribuir para erradicar esta problemática en los próximos 12 años como parte de los objetivos de la Agenda 2030.

  
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