La semana pasada se difundió en redes sociales y en algunos medios digitales, la noticia de que en pocos meses expiran las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó a un grupo de indígenas triquis, presuntamente desplazados. Desde 2010, dicho grupo se posesionó de los pasillos del Palacio de Gobierno, en donde han instalado un mercado artesanal, cocina, dormitorio y demás. Es decir, abusando de las citadas medidas de protección, este pequeño grupo ha invadido, contra derecho, este espacio público.

Durante más de una década, la imagen del Centro Histórico de nuestra capital, de este Patrimonio Cultural de la Humanidad se ha visto afectada no sólo por la abulia o temor de las autoridades para desalojar a quienes se han obstinado en lucrar con dicho lugar, sino en la cerrazón de éstos en apropiarse de un espacio ciudadano. Porque además, se sabe, hasta lo rentan a terceras personas. El ciudadano que antes podía transitar de las calles de Trujano a Guerrero y librar el sol, pasando por la sombra de los pasillos del Palacio de Gobierno, no lo ha podido hacer..

Había que preguntarse: ¿acaso las absurdas medidas cautelares que les otorgó el referido organismo de derechos humanos estipula apropiase de un espacio que no es del gobierno sino de quienes habitamos en la capital? ¿En qué cláusula o protocolo se protege a quienes afirman haber sido desplazados de sus comunidades, por vacíos en la ley, pero violentando ésta? Muchas son las voces que se han elevado para exigirle al gobierno estatal el desalojo del referido lugar. Pero no ha habido respuesta. Ya se sabe, en estos tiempos la ley es una ficción.

No hay que omitir que en ciertas fechas, el desalojo temporal del espacio en cuestión ha representado erogaciones para la autoridad. El 15 de septiembre, 20 de noviembre o Noche de Rábanos, por ejemplo. Es decir, se van por un día a cambio de sumas nada despreciables. Eso se repite cada año. Y desde hace once años, bajo la premisa de que son legítmos propietarios. Mecanismos de extorsión y chantaje inadmisibles.

Ojalá pues que al fin los citadinos, sin discriminación alguna a nuestros hermanos, herederos de los pueblos originarios, tengamos de nueva cuenta el privilegio de transitar libremente por nuestro Centro Histórico y el referido sitio. Ojalá también que, tanto el gobierno estatal como el municipal, no permitan más, por la causa que sea, que este espacio sea de nueva cuenta convertido en coto de grupos u organizaciones. Nada, absolutamente nada lo justifica. (JPA)