Concluyeron los festejos de julio, con todo el glamour que trajeron consigo. Durante ese período salieron a flote protestas, chantaje, presión y el oportunismo de dirigentes de organizaciones. Afloró un propósito insano de torpedear el período vacacional. Éste ya terminó. Ahora hay que ver qué grupos siguen en la brega. El turismo se ha ido retirando. Ya no hay a quién sorprender o utilizar para sacar raja económica.

El gobernador Alejandro Murat está justo a cuatro meses de concluir su gestión al frente de la gubernatura. Durante este sexenio hubo una práctica de Estado recurrente: diálogo y más diálogo. Sin embargo, no todos entendieron el mensaje. Y se empecinaron en seguir con las manidas prácticas del bloqueo, de poner contra la pared a la ciudadanía y exigir prebendas de las que no tienen ni derecho ni representación para pedirlas.

Según fuentes oficiales, en Oaxaca existen cerca de 400 organizaciones sociales que viven –así como lo escucha- del erario estatal. Sus dirigentes no han sido electos en procesos democráticos, sino que se han asumido representantes de comunidades y grupos por sus cojones. ¿Quién los nombró? ¿Con cargo a qué exigen recursos para obras o apoyos económicos para grupos sociales o municipios? Sólo ellos lo saben.

Sin embargo, el mismo gobierno los ha ubicado en un pedestal. Y con prepotencia llegan a las oficinas gubernamentales esgrimiendo la amenaza de bloquear carreteras o cruceros; oficinas o plazas comerciales. En virtud del miedo a que cumplan su amenaza, que es su modus vivendi, los funcionarios les han abierto las puertas. Y en las mesas de diálogo manotean, insultan, se asumen intocables. Y reciben, de espaldas al pueblo, millones y millones.

Pero no sólo es eso lo que reciben. También exigen obras, concesiones de transporte y una y mil canonjías. En la pasada temporada vacacional tuvimos a tres de estos especímenes: los dirigentes de CIPO, CODECI y CNPA. Los primeros venían por 20 millones de pesos, cada uno. Según sus demandas, el gobierno no les había cumplido y por eso bloquearon los cuatro carriles del Cerro de “El Fortín”. Me queda la duda de ¿quién les ofreció y con qué argumento se entregan a particulares recursos públicos?

Dichos grupos de presión se han multiplicado de manera exponencial en los dos últimos sexenios. El mejor negocio es crear un membrete social y explotarlo a placer. La estrategia es hacerse notar, amenazar al gobierno y crear un infierno para la sociedad, para que su chantaje sea efectivo. ¿El gobierno que entrará en funciones el primero de diciembre seguirá alimentando a esta lacra de vividores? Es una pregunta. (JPA)