La semana pasada, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México -la UNAM- dictaminó que la tesis de Licenciatura en Derecho presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa en 1987, es una copia “sustancial” de la publicada en 1986, por un exalumno. La institución académica advirtió que, para llegar a dicha conclusión valoró varios elementos como construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de la tesis referida.

Mucho ruido ha despertado este tema. Amén de la fallida defensa de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiéndose víctima de plagio y olvidando la sentencia irrebatible de que “quien es primero en tiempo es primero en derecho”, hay mar de fondo. El favoritismo, el tráfico de influencias y la meritocracia, ejes de nuestro desgastado sistema político mexicano, han puesto sobre la mesa uno los vicios que, por el bien de nuestras instituciones educativas y prestigiadas universidades, deben ser sancionados.

El plagio de tesis profesionales no es nada nuevo, justamente porque la corrupción también ha fustigado al sistema de educación superior. Al igual que la venta de calificaciones y hasta de los trámites para titulación. La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca –la UABJO- no ha sido ajena a dichas prácticas. Fuentes universitarias revelan que, hace sólo unos años, operaba un grupo dedicado precisamente a vender tesis y, en paquete, jurados de examen profesional a modo y hasta fiestas de graduación y anillo.

Si bien es cierto que cuando estos hechos se dieron en la UNAM, las tesis profesionales sólo se microfilmaban, los tiempos actuales exigen del uso de plataformas digitales que eviten este tipo de prácticas nocivas. Además, de que las instituciones de educación superior establezcan en sus propias leyes orgánicas, protocolos que inhiban y sancionen el plagio. Se presume que existen ya en nuestro marco legal vigente, leyes que salvaguardan el derecho de autor, así sea para obtener un título universitario.

Por lo pronto, el escándalo, los personajes involucrados y la institución afectada por una injusta descalificación y descrédito, han puesto sobre la mesa un tema que sigue pendiente. ¿Es válido retirar el título obtenido bajo este esquema fraudulento? O ¿son motivo de acción penal aquellos que, sin haber obtenido dicho documento que valida estudios y profesión, por los canales institucionales, firman documentos o emiten sentencias? Se trata de una práctica común en el país, a lo que se llama usurpación de funciones.

Amén del escarnio público, del escándalo o la descalificación mediática, urge un marco legal, ciertos de que, en estos tiempos, las leyes son hechas justamente para ser violadas. O, mejor dicho, “que no nos vengan con el cuento de que la ley es la ley”, como dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (JPA)