Ante estos hechos innegables de uniones informales y obligatorias en personas menores de edad, es necesario prohibirlas y penalizarlas; esto con la finalidad de que se sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona que sea o no parte de su familia, en forma constante y equiparable al matrimonio.

Y es que el INEGI publicó que durante el 2021, se registraron 453,085 matrimonios, lo que representa un incremento de 35% respecto al 2020 y 4 de cada 100 adolescentes en el país está o ha estado en unión equiparable en los hechos, a la unión conyugal, esto a pesar de las ya señaladas restricciones vigentes desde antes de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2015.

Liz Concha profundizó en este tema y explicó que las niñas, niños y adolescentes no tienen una madurez adecuada para enfrentar los aspectos inherentes a una vida conyugal, de ser obligados a ello, se vulneran derechos humanos como su derecho a vivir con su padre y madre, el derecho de opinión, de planificación familiar, de libre desarrollo de la personalidad, de educación, de un nivel de vida adecuado a la salud, al esparcimiento, entre otros.

La cohabitación infantil forzada, además, es una práctica que atenta en contra del interés superior de la niñez, por esa razón, señaló la oriunda de Cuicatlán, que “la protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes no debe ser solo de manera eventual o para conmemorar el Día Internacional de la Niña cada 11 de octubre, o el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, sino que debe de ser algo cotidiano, esto en razón de que se debe de visibilizar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, reconocer y atender los retos que enfrentan y promover sus derechos y empoderamiento, con la finalidad de impulsar acciones que eliminen todas las posibles formas de discriminación y violencia que estos padecen”.

Generalizó la responsabilidad que tiene cada sector en este grave problema, por tal motivo llamó al resto de sus homólogos congresistas a cumplir con su obligación, garantizando la estabilidad de las próximas generaciones.

"Desde este Poder Legislativo debemos sumar esfuerzos para realizar las adecuaciones legislativas necesarias y pertinentes que permitan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que se desarrollen de manera adecuada, es un compromiso que tenemos con las generaciones venideras en construir un verdadero estado de derecho para ellas y ellos” concluyó Liz Concha.