"No resulta procedente realizar el análisis al cumplimiento del procedimiento estatutario ni pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones de los Estatutos y la Declaración de Principios, así como la expedición del Programa de Acción del PRI realizadas por la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria", establece el proyecto.

Sin embargo, el INE no se pronuncia sobre la reelección de Alejandro Moreno como dirigente del PRI, que fue posible gracias a la modificación de los estatutos.

"Aunque la solicitud de excitativa de justicia presentada por diversas personas ciudadanas se basa en actos directamente relacionados con la renovación de la titularidad de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva del CEN del PRI, es decir, se refiere a temas que salen de la competencia de esta autoridad", responde a los escritos presentados por los expresidentes del PRI.

Al votar en contra, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, dijo que el proyecto no da certeza sobre que ocurrirá con todos los actos jurídicos realizados tras la aprobación de la modificación a los estatutos.

"Es importante destacar que este mismo criterio ya ha sido sostenido por este Consejo General y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por una cuestión de congruencia y predictibilidad considero que debemos dar el mismo trato a todos los partidos políticos", argumentó.


Los consejeros argumentaron que no podían pronunciarse sobre el fondo de las reformas.

Insistieron en que el PRI no se sujetó a lo previsto por el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, pues las adecuaciones a sus documentos básicos se realizaron el 7 de julio, cuando aún no concluía el proceso electoral.

“Se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la verificación al cumplimiento del procedimiento estatutario y la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos”, indica el acuerdo.

Sin embargo, en el documento no se detalla cuál es el efecto inmediato ni ordena al partido rehacer el procedimiento una vez que concluyó el proceso electoral, tarea que quedará en manos de la Sala Superior.