Los disturbios ocasionados por la llamada Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca -CENEO-, el pasado 20 de septiembre y los atropellos de los alumnos de la Escuela Normal de Educación Especial, el día anterior, exigen un tratamiento serio de parte de las autoridades, para evitar que se conviertan en un permanente dolor de cabeza para la ciudadanía.

Y es que, a los vándalos, mentores y manejadores, la desafortunada experiencia de los 43 de Ayotzinapa, a una década de su desaparición, les viene valiendo gorro. El adoctrinamiento de parte de radicales y adláteres del llamado Cártel 22, al interior de la red de normales en el estado, ha alentado en los jóvenes conductas nocivas y de franco reto a la ley.

La tradicional rebeldía e idealismo de los normalistas de antaño, se ha trastocado hoy en día, en vandalismo, saqueo, secuestro y acciones que sólo exigen respuestas enérgicas del gobierno, como el desalojo de los autobuses secuestrados el pasado 19 de septiembre.

Es prudente que las áreas respectivas atiendan sus reclamos, siempre que se justifiquen. Es lamentable la lección que reciben de los maestros llamados democráticos: estar siempre con la mano extendida. Pero de ninguna manera permitir que hagan de la ley y de la gobernabilidad una burla.

Una vez que fueron identificados los presuntos responsables de los daños ocasionados a negocios particulares o corporativos, la Secretaría de Gobierno advirtió que serían dados de baja. Pero debe cumplirse. Caso contrario seguirán en las mismas.

Si bien es cierto que algunos tienen 18 años o más, hay otros que son aún menores de edad. Debe citarse a los padres o madres de familia. Evitar males mayores o que se repita el ya mencionado y lamentable caso de Ayotzinapa, con el peregrinar de los mismos pidiendo justicia que, por cierto, ni con la Verdad Histórica ni con los otros datos, ha llegado.

No más vandalismo, bombas Molotov o acciones temerarias o suicidas. Nadie, absolutamente nadie en este país le apuesta a la violencia. Menos a la represión de jóvenes que tienen un futuro por delante. Pero tampoco se deben permitir conductas delictivas, que trastoquen el espíritu del Estado de Derecho.

Nadie debe estar por encima de la norma. Si se rebasan los parámetros de la libre manifestación de las ideas, el gobierno, como representante del Estado debe aplicar el uso de la fuerza, pues su papel es salvaguardar las libertades que nos otorga la Constitución. Un Estado que no usa la fuerza, no puede llamarse tal. (JPA)