Oaxaca, Oax.- Una revisión exhaustiva de documentos oficiales, expedientes técnicos y testimonios directos permitió descartar cualquier vínculo de Marco Antonio Hernández Ramírez tanto con la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec —escenario del reciente descarrilamiento en Nizanda— como con actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

La indagatoria periodística confirma que la Línea Z, que conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca, fue concebida, ejecutada y administrada de manera independiente a la Línea K, correspondiente al tramo Ixtepec–Ciudad Hidalgo. Se trata de proyectos distintos, desarrollados por consorcios diferentes, con cadenas de mando separadas y sin coincidencia en los niveles de toma de decisiones.

De acuerdo con la información recabada, Hernández Ramírez tuvo responsabilidades únicamente en el acarreo y conciliación para el tramo 1 de la Línea K, sin intervención técnica, operativa ni administrativa en la Línea Z.

No existe, por tanto, sustento documental que permita asociarlo con el siniestro ferroviario ocurrido en el municipio de Asunción Ixtaltepec, donde el descarrilamiento dejó personas fallecidas y lesionadas.

Las versiones que circularon en días recientes, según pudo verificarse, se originaron en una confusión entre ambos tramos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, trasladando de manera errónea responsabilidades de un proyecto a otro.

Ninguna instancia institucional ni registro oficial respalda los señalamientos difundidos.

En contraste, la investigación documenta que durante su participación en la Línea K se impulsaron políticas de inclusión laboral, particularmente la incorporación de mujeres en áreas técnicas y operativas, un ámbito históricamente dominado por hombres.
Trabajadoras y comunidades del sur del país reconocen estas prácticas como inusuales dentro del sector ferroviario.

El lamentable accidente en la Línea Z ha abierto una legítima exigencia social de esclarecimiento y justicia. Ese proceso, coinciden especialistas y actores consultados, debe centrarse en quienes tuvieron a su cargo la planeación, construcción, rehabilitación y supervisión del tramo afectado, sin desviar la atención hacia personas ajenas a esos procesos.

En escenarios de alta tensión social, el ejercicio periodístico enfrenta una responsabilidad mayor: sostener la precisión, contrastar los datos y evitar imputaciones sin pruebas. El rigor informativo no solo protege reputaciones individuales, sino que también contribuye a que la demanda de rendición de cuentas se dirija hacia los verdaderos responsables.