El fin de 2025 no estuvo exento de los abominables bloqueos carreteros. Una de las vías más afectadas fue la carretera 200, a la altura de El Morro-Mazatán. O fueron conflictos como la falta del suministro de energía eléctrica o asuntos internos entre agencia municipal y cabecera municipal. La toma de casetas de cobro tampoco estuvo ausente. En días recientes, normalistas de Ixtepec tomaron la que se ubica en dicha jurisdicción.

Es decir, el bloqueo carretero o en calles u oficinas en Oaxaca, como en muy pocas entidades del país, ya es una institución, una norma, un mecanismo de presión. Yo bloqueo, tú bloqueas, todos bloqueamos. Según los bloqueadores, es la única forma en la que las autoridades respondan a tus demandas. Para los diversos sectores de la sociedad, a menudo afectados, se debe restituir el derecho a la libre circulación y aplicar la ley.

Sólo provocó hilaridad el programa que puso en marcha la Secretaría de Gobierno: “yo dialogo no bloqueo”. Y es que dicho método está ya tan arraigado en el imaginario colectivo, que aquella organización social parasitaria, que vive del erario no tiene más que el bloqueo, no sólo para decir “aquí estoy”, sino para recordarle al gobierno que, sin el embute económico que ha recibido por años, va a seguir generando problemas para la paz social y la gobernabilidad.

La pregunta del porqué no se actúa para restituir los derechos civiles de miles de afectados, es simple. En el gobierno de Alejandro Murat, éste afirmaba que no se iba a arriesgar a repetir los escenarios del 2006 ni, mucho menos los de Nochixtlán, en junio de 2016. Es decir, nadie quiere llevar el estigma de represor que la acuñaron a los exgobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué. Obvio. Se trata, obviamente, de una postura cómoda. Es decir, la consigna es, como en el 2006, “que se joda Oaxaca”.

En el régimen actual la lógica cambia, aunque en esencia es más de lo mismo. Hoy, funcionarios en el gabinete del gobernador Salomón Jara que, como “luchadores sociales” -entre comillas- actuaron de manera similar: poniendo a la ciudadanía contra la pared para cobrarle a los gobiernos priistas o de coalición su cuota. Es decir, dinero público que cobraban por no manifestarse o bloquear, sin ningún derecho ni norma legal que lo validara, más que el simple chantaje.

¿Podrán actuar con la ley en la mano para desalojar? Pues no. Quienes tienen a su cargo las áreas de garantizar la paz social y la gobernabilidad sólo habrán de patear el bote y estirar la liga, alargando los problemas y su solución. Es tanto, que la ciudadanía siga padeciendo los latigazos. La consigna de no a la represión del Mesías, sigue calando hondo en el ánimo de sus apóstoles. (JPA)