Este último confirmó la improcedencia de los juicios el 18 de febrero de 2026 por mayoría de tres votos contra dos, y planteó además la expropiación de 2 mil 651 hectáreas correspondientes al núcleo Canaán, con una indemnización “en especie” para la comunidad zoque.

Las autoridades chimalapas sostienen que el fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas, así como la resolución de noviembre de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió el conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas a favor del estado oaxaqueño.

En un pronunciamiento público, la comunidad calificó la sentencia de contener “aberraciones jurídicas” y de omitir los derechos colectivos respaldados por convenios internacionales.

Con la resolución del máximo tribunal agrario del país se desconoce, en la práctica, la línea limítrofe trazada desde 1549, reconocida como frontera vigente entre Oaxaca y Chiapas precisamente por esa sentencia de la Suprema Corte.

El origen del conflicto se remonta a décadas atrás. En 1967, el gobierno federal concedió al estado de Chiapas 6 mil hectáreas de esta región ubicadas en territorio oaxaqueño, a las que llegaron asentamientos de tzotziles y zoques chiapanecos, lo que inconformó a los zoques oaxaqueños e inició una disputa que persiste hasta hoy.

Ganaderos, talamontes y narcotraficantes han invadido los territorios de Santa María y San Miguel Chimalapa, y la pérdida de cobertura arbórea alcanza alrededor de 50 mil hectáreas en una región considerada de las más biodiversas del país.

Los comuneros señalan que estos núcleos agrarios chiapanecos fueron implantados por el gobierno de Chiapas y por la entonces Secretaría de Reforma Agraria dentro de su territorio, amparándose en el falso conflicto de límites estatales que la propia SCJN resolvió a favor de Oaxaca.

Asimismo, advierten que más de 50 mil hectáreas de selva y bosque de niebla han sido devastadas por talamontes y grupos armados en la zona de Cal y Mayor y sus alrededores.

Ante la profundización de la crisis, la comunidad anunció que continuará la defensa por la vía jurídica y, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales en materia de derechos indígenas y protección ambiental, al tiempo que hizo un llamado urgente al gobierno federal para que intervenga de inmediato.