Ya se ha vuelto costumbre en estos tiempos de la llamada 4T, minimizar o pitorrarse de la inteligencia de los mexicanos y, en especial, de los oaxaqueños. En efecto, el gobierno federal nos ha dado no sólo obras de mala calidad, cuyo mejor ejemplo son nuestras flamantes carreteras al Istmo y la Costa, sino que, hasta una de las obras emblemáticas del lopezobradorismo, trata hoy de maquillarse para ocultar la celeridad, la falta de planeación y la corrupción galopante.

El 28 de diciembre de 2025, un accidente del Tren Interoceánico dejó una estela de dolor y muerte. Fueron 14 personas las que perdieron la vida y una centena de lesionados. Desde un principio, medios de comunicación y plataformas digitales, publicaron en sus espacios la opinión de expertos respecto a dicho siniestro, coincidiendo en la existencia de un entramado ilícito.

Mala calidad del balasto, falta de profesionalismo en la supervisión, durmientes viejas, pero, particularmente, el gran negocio de los socios de la familia López Beltrán, en dicha obra, cuyo costo fue mayor a los 18 mil millones de pesos. Todo fue minimizado en la investigación superficial o a modo, que realizaron los peritos de la Fiscalía General de la República, para responsabilizar del accidente al maquinista, al garrotero y al despachador del citado tren.

Se trató, a todas luces, de proteger a los verdaderos responsables. Sin embargo, al final de todo, la verdad sale a flote. De no ser así, nos hubiéramos tragado el cuento de que el asunto ya estaba cerrado y que, con las indemnizaciones a los familiares el gobierno federal había saldado su responsabilidad de una obra que siempre estuvo permeada por la corrupción y la complicidad.

La presidenta Claudia Sheinbaun anunció una nueva inversión para modificar el trazo del Interoceránico, es decir, rectificar curvaturas, pendientes y otros, rubros que fueron licitados desde 2019 para corregirse, lo que deja entrever que el accidente en cuestión se debió a un pésimo trabajo y no a la presunta responsabilidad de chivos expiatorios.

El tufo del manejo ilícito del presupuesto multimillonario e irresponsabiidad, no sólo salpican a Gonzalo López Beltrán y socios, sino a oficiales de la Secretaría de Marina, que estuvieron a cargo de la supervisión de la obra citada. Por lo visto pues, estamos ante un manejo de un doble discurso, de justicia torcida de “al amigo justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”, y una abierta y total impunidad alentada por éste y el anterior gobierno. (JPA)