Después del fiasco de Reforma Judicial, cuya segunda etapa planeada para 2027 fue postergada un año más, los retos del sistema de impartición de justicia en México y, particularmente en Oaxaca, no son una cosa menor. Un ejemplo es el reto para la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, expedido en 2023 y con aplicación obligada el 1º de abril de 2027. Pero que, por problemas presupuestales y de infraestructura, se pretende postergar hasta 2030.

En nuestra entidad el desafío es mayor todavía, pues si bien se ha avanzado en la instalación de salas especiales para los juicios orales en materia penal, en torno a lo que implican los casos civiles y familiares, que representan el 70 por ciento en el sistema de justicia, hay que partir prácticamente de cero.

Además, en dicho rubro hay un gran rezago, que hacen cierta la tesis de “justicia retardada es justicia denegada”. He ahí, el por qué el sistema se percibe como lento, complicado y costoso. Expertos y jurisconsultos afirman que Oaxaca fue la cuna en donde surgió el primer Código Civil para el país. No obstante, diversas fuentes revelan que en dicha materia, estamos estancados.

Por ello es urgente y necesario entrar de lleno en la dinámica del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y no postergar más su aplicación. Incluso, el presidente de la Comisión Estatal para su implementación, Magistrado Juan Carlos Díaz, ha propuesto poner en marcha un plan piloto. Sin embargo, pese a los buenos propósitos, en Oaxaca hay un panorama más complejo.

Por un lado, la falta de infraestructura, la dispersión geográfica, nuestra propia condición como un estado pluricultural, con 16 lenguas originarias y más de 170 variantes dialectales. A ello hay que agregar que la cobertura de Internet es más limitada que otras entidades del país que ya se han sumado a esta cruzada. De no contarse con el presupuesto adecuado, nada podrá avanzar.

El desafío de poner el sistema judicial oaxaqueño a la vanguardia de otros en el país, conlleva esfuerzos y sacrificios. Sólo avituallar los juzgados en el interior del estado, de los elementos necesarios para abatir el rezago judicial, implica el desembolso de cientos de millones de pesos.

Pero sería el inicio para pavimentar el camino, de suerte que para el año 2030, cuando oficialmente se pondría en marcha el citado Código Nacional, Oaxaca ya se encuentre listo para consolidarlo. Las generaciones del futuro merecen un sistema ágil, imparcial y expedito. (JPA)