A los oaxaqueños nos quedó claro que el eje de la movilización del llamado Cártel 22, que dejó a alumnos de escuelas públicas sin clases durante 26 días, no fue más que burdo chantaje para obtener los 800 millones de pesos que, por tercer año consecutivo, les otorga el gobierno federal. La pregunta es: ¿y a dónde va esa suma millonaria pues, que se sepa, el atraso y rezago educativos siguen en el mismo bache de antaño?

Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el titular de la Secretaría de Educación Pública -SEP-, y el gobernador Salomón Jara, han insistido que, la suma referida, no se otorgó a la CNTE o a la Sección 22. Sin embargo, cada que el magisterio llamado “democrático” se moviliza, en la conciencia colectiva del oaxaqueño medianamente informado, ha quedado claro que es por interés personal, no gremial, de los dirigentes.

Ya nadie cree que sea en beneficio de los niños, las niñas o de las escuelas. Ni que ello redunde en favor de la educación que imparten los mentores, prestos más al llamado de sus dirigentes al bloqueo o las marchas, que en cumplir con su tarea docente. Justo por ello se vio con simpatía la propuesta de la presidenta de México de que la desaparición de la Unidad del Sistema de Carrera de Maestros y Maestras -USICAMM-, se haga escuela por escuela; maestro por maestro.

Entre la aberrante opacidad con la que se mueve nuestro magisterio, hay tantas irregularidades que serían suficientes para reducir la nómina; aplicar descuentos o despidos. Son centenas de mentores que gozan de permisos sindicales; que están comisionados. Hay muchos más que no acuden a sus centros de trabajo, por meses, solapados por sus dirigentes delegacionales. Más aún, quienes cuentan con cambio de actividad por enfermedades incluso nada graves.

Existe, además, un sistema de cuotas obligadas. Pagan 500 pesos por no asistir a las juntas sindicales y, para financiar plantones en la Ciudad de México o Oaxaca, es a través de cooperaciones forzadas que tienen que cubrir, salvo hacerse acreedores a sanciones. A maestros señalados por acoso o abuso sexual; por violencia con los educandos, entre otros, se les solapa cambiándolos de lugar. Si el espacio no está disponible, pueden pasar meses o, incluso años, recibiendo su quincena. En la jerga magisterial les llaman “desubicados”.

Es decir, en el gremio se ha arraigado una cadena de vicios que las autoridades, en lugar de caer en el chantaje, la amenaza o la provocación, deberían erradicar con la ley en la mano. La derogación de la Ley del ISSSTE 2007 o la reforma educativa de Peña Nieto o la nueva Escuela Mexicana de López Obrador, con lo que se quiso boicotear el Mundial de Futbol y poner contra la pared al gobierno federal, ya se vio, fuera pura faramalla. La divisa era traerse otros 800 millones, aunque ahora reclamen, ¿dónde están esos millones? (JPA)