Por su parte, el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza resaltó que esta actividad se realiza sin intervención del presupuesto del Poder Judicial y en su mensaje de bienvenida mencionó que Oaxaca enfrenta retos mayúsculos, no solo por la compleja orografía, sino por otras razones de peso: La primera, es porque las personas y comunidades indígenas demanda redoblar esfuerzo para caminar de la mano con nuestros pueblos originarios y llevar la agilidad y humanización que el Código promete a todos los rincones de nuestro estado. La segunda por el rezago estructural y tecnológico que tenemos, y la ausencia de una partida presupuestal para la inversión necesaria.
Los desafíos para el cambio.

Durante los trabajos, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez señaló que el Código Nacional representa mucho más que una nueva legislación: supone una transformación institucional orientada a unificar criterios en todo el país, fortalecer la oralidad, simplificar los procedimientos y garantizar una justicia más eficiente, cercana y equitativa. No obstante, advirtió que el mayor desafío será preparar a las instituciones y a quienes operarán el sistema para hacer realidad ese cambio.

Ese diagnóstico se enriqueció durante el panel "Ventajas y desventajas de operar el CNPCyF en entidades federativas como Oaxaca", en el que especialistas coincidieron en que la implementación no puede ser uniforme en todo el país. La diversidad territorial, social e institucional obliga a diseñar estrategias acordes con la realidad de cada estado, haciendo de la capacitación, la coordinación y el intercambio de buenas prácticas elementos indispensables para el éxito de la reforma.