Las corruptelas, la complicidad y la connivencia de las autoridades, desde sexenios atrás, en el otorgamiento de concesiones a grupos, organizaciones y sindicatos, para taxis y demás servicios de transporte, no deja de ser un serio desafío. El reordenamiento del transporte ha tenido, desde principio, serios tropiezos.

Y es que se han otorgado tantas concesiones y permisos que ello se ha convertido no sólo en un reto para la vialidad sino para la paz social y la gobernabilidad. Tal parece que las famosas consultas a la sociedad civil, a las comunidades y a la ciudadanía en general, que tanto se cacareó en el gobierno de López Obrador, han sido desplazadas por el pragmatismo político del “ahí se va”.

El citado reordenamiento es absolutamente necesario en la capital oaxaqueña. Se habla de cientos de mesas de diálogo con concesionarios y operadores. Pero, poco se sabe de ellas, menos los usuarios y afectados. Si bien es cierto que en las consultas hay muchas voces disonantes; que cualquier proyecto gubernamental puede naufragar ante esa Torre de Babel de intereses y opiniones, siempre será un arma del buen gobierno difundir y socializar los proyectos.

Es, como se dice en el régimen de la Primavera Oaxaqueña, resolverlo a través del diálogo y el consenso. Pero, de manera oportuna, no por presiones de personeras de partidos políticos, como el PT, que andan a la caza de inconformidades para convertirlas en botín político-electoral.

En comentarios radiofónicos anteriores hemos criticado la cantidad de pequeñas unidades que entran y salen de la ciudad, como hormigas; que son actores en accidentes mortales, en abusos, sobrecupo, acoso, cobros excesivos, etc. Y que Oaxaca necesita modernizar el servicio concesionado y la ubicación de paraderos o terminales, no las calles ni estacionamientos particulares que han atiborrado el Centro Histórico.

Sin embargo, hay algo que ha pasado desapercibido para la instancia responsable, la Secretaría de Movilidad -SEMOVI-. Más que darles piedras a los enemigos políticos del actual régimen, el proyecto de reordenamiento debió ser socializado con autoridades municipales, concesionarios, operadores, pero, sobre todo, informar a los miles de paisanos que usan las unidades a diario.

No es ajeno a ello, buscar alternativas viables para que no se afecte su precario bolsillo. Sin embargo, tal parece que en este caso, el eslogan de moda “por el bien de todos, primero los pobres” le vino valiendo a la Secretaría de Movilidad . Y es que, tras mandarlos a un lodazal, los deja vulnerables.

En efecto, deberán pagar más pasajes o cuotas mayores a diableros y cargadores, adicionales a las que éstos tienen que cubrir a sindicatos mafiosos. Aquí está el eje de protestas y denuncias, cuya principal afectada será la población ajena a estas maniobras. (JPA)