Oaxaca, Oax.- Sin costo para el erario, el Poder Judicial de Oaxaca llevará a la Cañada y la Mixteca el Tercer Foro Nacional del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con especialistas en oralidad, mecanismos alternativos de solución de controversias, notariado e inteligencia artificial.
El encuentro se realizará el domingo 30 y lunes 31 de agosto en Teotitlán de Flores Magón y Huajuapan de León, respectivamente, con acceso gratuito y un programa orientado a fortalecer la capacitación de operadores jurídicos ante la implementación del nuevo modelo de justicia.
El magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación, informó que uno de los ejes será el papel de los notarios públicos, los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), facilitadores comunitarios y autoridades municipales auxiliares.
La discusión apunta a ampliar las vías para resolver conflictos sin que todos necesariamente lleguen a juicio, mediante mecanismos más accesibles para la población y con participación de actores comunitarios y autoridades cercanas a las regiones.
Otro de los temas será el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos jurisdiccionales, así como la capacitación práctica que requiere la transición hacia las nuevas reglas procesales en materias civil y familiar.
Entre los ponentes estará Ricardo Sodi Cuellar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como Ricardo Sepúlveda Iguíniz, académico y exfuncionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Participarán además Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y el notario José Luis Leal Campos, próximo presidente de ese organismo, con lo que el foro incorporará la experiencia del notariado nacional.
Díaz Carranza ha impulsado y gestionado la realización de estos encuentros sin generar gastos al Poder Judicial, bajo un esquema que, ha planteado, busca mantener la capacitación de alto nivel sin apartarse de la política de austeridad.
El magistrado ha definido esa gestión como un gesto de empatía con el personal operativo, al procurar alternativas para continuar la preparación institucional sin trasladar nuevos costos al presupuesto judicial.