Este lunes inició, de manera formal, el proceso electoral 2026/2027. En Oaxaca se habrán de elegir 10 diputaciones federales, 25 locales –más 17 por la vía plurinominal- y 152 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos políticos. Este proceso, que tendrá su corolario en la jornada electoral a celebrarse a principios de junio del año que viene será, a juicio de muchos, uno de los más competidos de la historia reciente.

Será, asimismo, la prueba de fuego para los órganos electorales tanto locales como del Instituto Nacional Electoral –INE-, severamente cuestionado en los últimos tiempos. Una presunta inclinación hacia el partido gobernante ha llevado a algunos de sus miembros a ser denunciados ante organismos internacionales. En efecto, desde que el gobierno anterior, desmanteló o sometió a los órganos autónomos, hay más dudas que certeza en su desempeño.

No se apartan de este esquema los órganos jurisdiccionales, particularmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, según algunas columnas periodísticas, ha tenido en los tiempos de la llamada Cuarta Transformación, un desempeño cuestionable. Hay que recordar que sus miembros han permanecido intocables, no obstante, la llamada elección judicial, es decir, la del acordeón.

Un desafío para los partidos políticos, incluyendo los locales y de nueva creación, como “Somos”, “Paz” o en Oaxaca, el Partido de la Transformación Oaxaqueña, en franca consolidación. Frente a los señalamientos que se han acuñado al Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- de haber permitido la validación en procesos pasados, de socios, operadores o perfiles vinculados al crimen organizado, el proceso de selección de candidatos limpios y confiables, será un verdadero reto.

Si bien se trata de un proceso que compete única y exclusivamente a los mexicanos, haciendo eco a la sobada soberanía nacional, los ojos de nuestros vecinos y socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, estarán puestos sobre el desarrollo electoral. Y seguramente de diversos organismos internacionales, que ven con preocupación el mapa de violencia que ha vivido México durante los últimos años, particularmente desde 2018 a la fecha.

No faltarán quienes, desde ahora, en su afán de notoriedad y con tinte electoral, estén ya en abierta promoción violentando la Ley Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y las leyes particulares en vigor o, sencillamente, aprovechando los vacíos de las mismas para hacer actos anticipados de campaña. Eso y más veremos en los 9 meses que tardará el citado proceso electoral. (JPA)