Y se refiere a los más de 60 derrames de la Refinería “Antonio Dovalí Jaime” ubicada en Salina Cruz que, durante los últimos cuatro años, han afectado a dicho litoral, con su consecuente impacto en la pesca, el turismo, pero, sobre todo, en el ecosistema marino. Llevamos años escuchando las quejas de pescadores de Bahía la Ventosa, Salinas del Marqués, Playa Brasil, Playa Azul, Chipehua y hasta de la zona lagunar huave, de la contaminación de chapopote y derivados, sin respuesta.

Hace poco más de un mes, medios y plataformas digitales dieron cuenta de un derrame en la zona urbana de Salina Cruz. Ahí, en un área poblada, vecinos y voluntarios hacían circo, maroma y teatro para evitar el daño irreversible de la llegada al mar y el daño colateral. Pero hoy, el tema se puso sobre la mesa de las negociaciones con nuestros vecinos y socios comerciales. Al pueblo bueno y sabio ya no se le engaña y sorprende.

PEMEX, no es un secreto, es una empresa deficitaria, con grandes pasivos y endeudamiento. Pero, desde el sexenio pasado se le trata de levantar con miles de millones de dólares. Una empresa que, al igual que la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser líder en eficiencia. Las grandes pérdidas que la paraestatal petrolera ha enfrentado, tiene mucho que ver con el robo de combustible, gas y, sobre todo con la introducción del llamado huachicol fiscal.

Se trata de millones y millones de litros de gasolina y diésel que han sido introducidos de manera ilegal al país, negocio criminal que ha salpicado a decenas de políticos y sus personeros, oficiales de la Marina, aduanas y empresas. Las pérdidas que la hacienda pública ha tenido por este ilícito, son en verdad catastróficas. (JPA)