* Son altamente explosivas por alarmantes las brutales revelaciones de la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de que extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el comunicador.

* Durante una conferencia de prensa, la Ombudsperson denunció que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el periodista ejecutado hace más de una semana.


Con la condena internacional de la Unión Europea, Noruega y Suiza, por la ejecución del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva Aguilar escala la presión contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum en México y de Salomón Jara en el Gobierno de Oaxaca. La demanda global es ¡JUSTICIA!

La condena global por el proditorio crimen, se sumó a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y Libertad de Expresión como Amnistía Internacional, ONU-Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Comité de Protección a Periodistas.

Son altamente explosivas por alarmantes las brutales revelaciones de la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de que extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el comunicador.

Durante una conferencia de prensa, la Ombudsperson denunció que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) extraviaron los expedientes relacionados con las denuncias presentadas por el periodista ejecutado hace más de una semana.

Las revelaciones de la Ombudsperson ponen el dedo en la purulenta llaga de la irresponsabilidad de las Fiscalías, sobre todo, de la General de la República y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Asimismo, exhiben la verdad desnuda sobre el real y verdadero problema de fondo en la procuración y administración de justicia en Oaxaca en particular y en general en México, la impunidad agravada por la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia solapada por la escandalosa corrupción.

Ante tales condiciones de evidente, pública y notoria negligencia, documentada oficialmente por el organismo defensor de derechos humanos de Oaxaca, obligado es preguntar ¿Fue el Estado? ¿Es un crimen de Estado por omisión la ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Los crímenes de Estado por omisión ocurren cuando las autoridades no actúan para proteger los derechos humanos, permitiendo daños graves o permitiendo la impunidad. El Estado tiene el deber legal e internacional de proteger a la población frente a riesgos y agresiones.

Comisión por omisión: No impedir un daño grave, cuando se tiene la obligación de evitarlo, equivale jurídicamente a causarlo. Violación de deberes: Incluye la falta de prevención, investigación negligente o la tolerancia de la violencia de terceros como el crimen organizado y el narcotráfico.

No menos obligado es preguntar: ¿Quién ordenó su ejecución y por qué? ¿A quién beneficia el crimen? ¿Qué intereses políticos de continuidad o alternancia electoral afectó? ¿Qué callos económicos piso y echó a perder millonarios negocios con sus denuncias sobre narcopolíticos?

Desde julio de 2025, Leyva solicitó medidas de protección ante la FGR, por las amenazas recibidas. La denuncia fue turnada a la Fiscalía de Oaxaca, sin embargo, la DDHPO, nunca recibió el seguimiento correspondiente, pese a sus insistentes gestiones realizadas en cinco ocasiones desde 2025.

La omisión por negligencia alcanzó un nivel mucho más preocupante cuando, en abril de 2026, la propia Fiscalía General del Estado de Oaxaca sugirió al periodista volver a presentar una denuncia, al no localizar el expediente original, que finalmente apareció ante la presión de la Defensoría.

A pesar de las solicitudes del periodista oaxaqueño para ser incluido en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), tampoco obtuvo respuesta positiva para salvaguardar su integridad y vida.

Ante tales condiciones de evidente, pública y notoria negligencia, documentada oficialmente por el organismo defensor de derechos humanos, obligado es insistir en preguntar ¿Fue el Estado? ¿Es un crimen de Estado por omisión la ejecución del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar?

Para evitar que se haga realidad la terrorífica pregunta que flota en el medio priodístico tras la ejecución de nuestro compañero, amigo y hermano Francisco Leyva Aguilar: ¿Quién sigue? Urge reforzar de inmediato medidas preventivas, mientras se aprueba la "Ley Alejandro" de Protección a Periodistas.

Un grupo de periodistas impulsamos una propuesta integral que involucra a pueblo y gobierno de Oaxaca con participación de todos los interesados en la elaboración de la Iniciativa la Ley de Protección a Periodistas, con enfoque en la defensa de derechos humanos, libertad de expresión y de las mujeres.

alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila