* El mayor riesgo de cualquier legislación en esta materia es convertirse en un instrumento burocrático, cargado de buenas intenciones, pero incapaz de prevenir agresiones o salvar vidas. Oaxaca no necesita una ley meramente simbólica. Necesita una norma con autoridad moral, legitimidad social y eficacia jurídica, eficaz, eficiente y efectiva.

* Las aportaciones de Amnistía Internacional, ONU-Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas aportarían estándares internacionales, mejores prácticas y mecanismos probados que permitirían evitar que la "Ley Alejandro" de Protección a Periodistas sea letra muerta.


La ejecución del periodista Alejandro Leyva Aguilar marcó un antes y un después para Oaxaca. No puede convertirse en una cifra más de la violencia ni en un episodio condenado al olvido institucional. Su asesinato exige una respuesta de Estado que trascienda el discurso de la indignación y se traduzca en una legislación capaz de proteger efectivamente a quienes ejercen el periodismo.

Por ello, resulta alentador que diputadas y diputados del Congreso del Estado, como Javier Casique y Daniela Taurino, hayan manifestado su intención de presentar una iniciativa para crear el Protocolo Estatal de Protección a Periodistas. El reconocimiento del problema constituye un primer paso. Pero un primer paso nunca será suficiente cuando está en juego un derecho fundamental para la democracia: la libertad de expresión.

El mayor riesgo de cualquier legislación en esta materia es convertirse en un instrumento burocrático, cargado de buenas intenciones, pero incapaz de prevenir agresiones o salvar vidas. Oaxaca no necesita una ley simbólica. Necesita una norma con autoridad moral, legitimidad social y eficacia jurídica.

Esa legitimidad solo puede construirse mediante un auténtico Parlamento Abierto, como una obligación democrática, donde periodistas, académicos, investigadores, organizaciones civiles, medios de comunicación y especialistas nacionales e internacionales participen activamente en la elaboración del proyecto legislativo. Una ley diseñada únicamente desde los escritorios del poder corre el riesgo de ignorar la realidad cotidiana de quienes enfrentan amenazas, persecución, censura y violencia por informar.

Abrir la discusión no significa debilitar la iniciativa; por el contrario, significa fortalecerla. Significa escuchar la experiencia de quienes han documentado durante décadas los ataques contra periodistas y conocen las fallas estructurales de los actuales mecanismos de protección.

La participación de organismos internacionales especializados resulta indispensable. Las aportaciones de Amnistía Internacional, ONU-Derechos Humanos, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas aportarían estándares internacionales, mejores prácticas y mecanismos probados que permitirían evitar que la "Ley Alejandro" sea letra muerta desde su origen.

La protección de periodistas no puede reducirse a botones de pánico, patrullajes esporádicos o protocolos administrativos que llegan cuando la agresión ya ocurrió. Debe incorporar inteligencia preventiva, análisis permanente de riesgos, coordinación institucional, investigación eficaz de las agresiones, combate frontal a la impunidad y responsabilidades claras para las autoridades que incumplan su obligación de proteger.

Igualmente importante es reconocer que proteger periodistas significa proteger el derecho de toda la sociedad a estar informada. Cada periodista silenciado representa una investigación que no se publicó, un acto de corrupción que quedó oculto, un abuso de poder que jamás fue denunciado y una parte de la verdad que nunca llegó a los ciudadanos.

La "Ley Alejandro" de Protección a Periodistas tiene la posibilidad de convertirse en un referente nacional si nace del consenso social y no de una decisión unilateral. Su fuerza dependerá menos de la cantidad de artículos que contenga y mucho más de la legitimidad con la que sea construida.

Los tres Poderes del Estado de Oaxaca tienen frente a sí una oportunidad histórica. Pueden optar por una legislación de ocasión, destinada únicamente a responder a la indignación del momento, o impulsar una verdadera política pública de protección a periodistas que coloque a Oaxaca a la vanguardia nacional e internacional en la defensa de la libertad de expresión.

Si realmente se pretende honrar la memoria de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el mejor homenaje no será un nombre inscrito en una ley, sino una legislación robusta, construida mediante Parlamento Abierto, respaldada por la sociedad y capaz de impedir que otro periodista tenga que pagar con su vida el ejercicio de informar.

Porque la libertad de expresión no se protege con discursos. Se garantiza con instituciones legítimas, leyes eficaces y una voluntad política que nunca más permita que informar sea una sentencia de muerte.

En México no asesinan periodistas únicamente las balas. También los mata la impunidad. Los mata la indiferencia del Estado. Los mata la omisión de las fiscalías. Los mata el silencio cómplice de gobiernos que prometen proteger la libertad de expresión mientras permiten que informar continúe siendo una actividad de alto riesgo.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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