* No queremos más condolencias. Queremos investigaciones eficaces. No queremos más expedientes congelados. Queremos justicia. No queremos más periodistas asesinados. Queremos un Estado de derecho que entienda que proteger la libertad de expresión no es una concesión: es una obligación democrática.

* Mientras un periodista pueda ser asesinado por informar y sus asesinos puedan permanecer impunes, la pregunta seguirá siendo inevitable y cada vez más dolorosa: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado mexicano finalmente actúe? La justicia exige llegar hasta quienes ordenaron, financiaron o facilitaron los asesinatos.


Hay preguntas que no pueden seguir siendo respondidas con discursos, condolencias oficiales y minutos de silencio. Hay preguntas que exigen justicia. Y ésta es una de ellas: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado mexicano actúe?

Este 26 de agosto, nos sumamos a Reporteros Sin Fronteras (RSF) y a decenas de medios mexicanos para colocar frente a los ojos del país los nombres de periodistas asesinados. No para convertir la tragedia en una estadística más, sino para recordar que detrás de cada nombre existe una vida, una familia, una trayectoria profesional y una voz que alguien decidió silenciar.

Porque un periodista asesinado no es solamente una víctima más de la violencia. Es una comunidad que pierde el derecho a saber. Es una sociedad a la que se le arrebata una voz incómoda. Es una investigación que queda inconclusa. Es una denuncia que quizá nunca llegará a publicarse. Es una fuente que deja de hablar por miedo. Es una redacción que aprende a callar para sobrevivir.

Y ahí está una de las dimensiones más graves del problema: el asesinato de periodistas no termina con la muerte de la víctima. La violencia continúa operando después del crimen mediante el miedo, la intimidación y la autocensura. Cuando matar a un periodista no tiene consecuencias, el mensaje que reciben los demás es devastador: investigar puede costar la vida; denunciar puede convertirte en objetivo; incomodar al poder puede tener consecuencias irreversibles.

La impunidad, por ello, no es una omisión burocrática. La impunidad se convierte en un incentivo para volver a matar. Durante años, México ha acumulado asesinatos, amenazas, desapariciones, agresiones y desplazamientos de periodistas. Y aunque las instituciones anuncien investigaciones, protocolos, fiscalías especializadas y mecanismos de protección, la pregunta fundamental sigue pendiente: ¿cuántos responsables intelectuales y materiales están realmente pagando por estos crímenes?

Porque detener a un sicario, cuando ocurre, no necesariamente significa hacer justicia. La justicia exige llegar hasta quienes ordenaron, financiaron o facilitaron el asesinato. Exige investigar los intereses que estaban detrás de la víctima. Exige determinar si el crimen estuvo relacionado con su trabajo periodístico. Exige romper las redes de complicidad entre delincuencia, corrupción y autoridades.

De lo contrario, el Estado administra la tragedia, pero no la resuelve. Y la deuda no es solamente con los periodistas asesinados. Es también con sus familias. Familias que quedan destrozadas emocional y económicamente; hijos que crecen sin sus padres; madres y padres que esperan respuestas; esposas, esposos y compañeros de vida que tienen que enfrentar no solamente el duelo, sino también la incertidumbre de una investigación que muchas veces se prolonga durante años.

El Estado tiene una obligación constitucional y democrática de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio seguro del periodismo. Cuando un periodista es asesinado por hacer su trabajo y el crimen permanece impune, esa obligación fracasa. Pero hay algo todavía más profundo. Cuando asesinan al periodismo, también asesinan una parte de la democracia.

Una sociedad sin periodismo libre queda a merced de la propaganda, la desinformación y los poderes que pretenden actuar sin escrutinio. Allí donde el periodista deja de preguntar, investigar y publicar por miedo, el ciudadano pierde una herramienta esencial para exigir cuentas.

Por eso no basta con recordar a los muertos. Hay que impedir que la lista siga creciendo. Este 26 de agosto ponemos nuevamente sus nombres frente a los ojos de México. No para volver a contarlos, sino para exigir que dejen de ser una cifra.

Cada nombre representa una deuda pendiente. Una deuda de justicia con la víctima. Una deuda de reparación con su familia. Una deuda de verdad con la sociedad. Y una deuda de democracia con México. El Estado no puede pedirle al periodismo que siga cumpliendo con su deber mientras permanece incapaz de garantizarle algo tan elemental como el derecho a vivir.

No queremos más condolencias. Queremos investigaciones eficaces. No queremos más expedientes congelados. Queremos justicia. No queremos más periodistas asesinados. Queremos un Estado que entienda que proteger la libertad de expresión no es una concesión: es una obligación democrática.

Porque mientras un periodista pueda ser asesinado por informar y sus asesinos puedan permanecer impunes, la pregunta seguirá siendo inevitable y cada vez más dolorosa: ¿cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado mexicano finalmente actúe?

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