* El narco entendió mal el poder. Durante años, las organizaciones criminales han construido poder a partir del miedo. Controlan rutas. Extorsionan. Amenazan. Corrompen. Compran voluntades. Penetran instituciones. Y, en algunas regiones, sustituyen al Estado.

* Los narcos deben entender una regla elemental de la geopolítica: una cosa es traficar drogas y otra estallar violencia terrorista. Cuando utilizan métodos de terror, atacar instalaciones públicas y desafiar abiertamente al Estado, Washington inevitablemente mira con mayor atención.


Hay errores que los criminales por más inteligentes que sean pagan altamente caro con cárcel o con sus vidas. ¡Y vaya que los capos del narcotráfico son geniales estrategas y financieros!

Y atacar con un “coche bomba” una instalación policial, herir civiles, destruir viviendas y sembrar terror entre familias enteras puede ser uno de ellos. El crimen organizado acaba de cruzar una línea roja.

El narco entendió mal el poder. Durante años, las organizaciones criminales han construido poder a partir del miedo. Controlan rutas. Extorsionan. Amenazan. Corrompen. Compran voluntades.
Penetran instituciones. Y, en algunas regiones, sustituyen al Estado.

Pero utilizar explosivos contra instalaciones gubernamentales y poner deliberadamente en riesgo a la población es otra cosa. Es una exhibición de fuerza. Y también es una monumental equivocación estratégica.

Porque mientras más espectacular y terrorífica sea la violencia criminal, mayor será la presión para que México utilice todas las herramientas legales disponibles y fortalezca la cooperación internacional.

Y ahí aparece Estados Unidos. El fantasma de Washington Los grupos criminales mexicanos deberían entender una regla elemental de la geopolítica: una cosa es traficar drogas y otra proyectar violencia terrorista.

Cuando las organizaciones criminales adquieren capacidad para utilizar métodos de terror, atacar instalaciones públicas y desafiar abiertamente al Estado, Washington inevitablemente mira con mayor atención.

No porque Estados Unidos sea el salvador de México. No lo es. Ni debe serlo. México tiene la obligación soberana de garantizar la seguridad dentro de su territorio.

Pero tampoco puede ignorarse que el narcotráfico mexicano es, por definición, un fenómeno transnacional. Dinero. Armas. Drogas. Lavado de activos. Redes logísticas. Fronteras. Todo conecta a ambos países.

Y si el crimen organizado sigue elevando el nivel de violencia, la presión estadounidense para incrementar la cooperación en inteligencia, persecución financiera y combate a las organizaciones criminales será inevitablemente mayor.

El peor error de los narcos sería creer que pueden aterrorizar a México sin provocar una reacción internacional.

Lo ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas, no puede despacharse con el acostumbrado catálogo de eufemismos oficiales: “generadores de violencia”, “grupos delincuenciales”, “hechos aislados” o “se están realizando las investigaciones correspondientes”. ¡No!

Cuando el crimen tiene capacidad para utilizar explosivos contra una instalación del Estado y provocar terror en la población, México enfrenta un problema de seguridad nacional y de control territorial que exige una respuesta extraordinaria dentro del marco de la ley.

La pregunta es brutal, pero inevitable: ¿Quién manda en Zacatecas, feudo familiar de los Monreal desde hace muchos años: el gobierno o los criminales? Porque cuando los delincuentes pueden decidir dónde, cuándo y contra quién atacar, mientras los ciudadanos viven con miedo, algo esencial se ha roto.

Y no se arregla con discursos. Mucho menos con propaganda. ¡Esto no se combate con canciones!
Que nadie se confunda. La educación, la cultura, el deporte y los programas sociales pueden ser herramientas útiles para prevenir la incorporación de jóvenes a las filas criminales.

Pero no se combate a una organización armada que utiliza explosivos con concursos de canto ni con discursos de buenos deseos. Una cosa es atender las causas sociales de la violencia. Otra, completamente distinta, es enfrentar a organizaciones criminales capaces de desafiar directamente al Estado.

Para lo segundo se necesita inteligencia. Investigación criminal. Inteligencia financiera. Coordinación interinstitucional. Policías profesionales. Fiscalías eficaces. Fuerzas de seguridad con capacidad operativa.

Y, sobre todo, voluntad política para perseguir al crimen hasta sus últimas consecuencias legales.
Porque mientras el Estado habla de “causas”, los criminales hablan con fuego, plomo y explosivos.

La bebé que desnuda el fracaso. Pero hay una imagen que debería perseguir a todos los responsables de la seguridad pública. Una bebé herida, llevada en brazos por sus padres después de la explosión.

Una criatura que no sabe qué es un cartel, una plaza, una disputa territorial, una ruta de trasiego ni una guerra entre criminales. No sabe nada de política. Solo sabe que estaba con sus padres cuando una explosión convirtió la noche en infierno.

¿Y todavía habrá quien pretenda explicar semejante barbarie hablando exclusivamente de “jóvenes que necesitan oportunidades”? La prevención social es necesaria. Pero la impunidad también genera violencia.

Cuando un delincuente descubre que puede atacar y probablemente no será identificado, detenido, procesado y condenado, recibe un incentivo mucho más poderoso que cualquier discurso presidencial.

Recibe la certeza de que puede hacerlo nuevamente. Basta de llamarles “generadores de violencia”. Hay que llamar a las cosas por su nombre. No son “generadores de violencia” cuando colocan explosivos.

Son presuntos responsables de hechos criminales gravísimos que deben ser investigados y perseguidos con toda la fuerza de la ley. Y si una investigación determina que se actualizan los elementos jurídicos del terrorismo, entonces deberá aplicarse la legislación correspondiente.

Pero el debate no puede ser semántico. Mientras los políticos discuten cómo nombrar la barbarie, las víctimas sufren las consecuencias. Mientras el gobierno explica. Mientras los funcionarios justifican. Mientras los propagandistas descalifican a quien critica, los ciudadanos cuentan muertos, heridos, desaparecidos, negocios extorsionados y noches de terror.

Zacatecas: el laboratorio de la pérdida de control. Zacatecas no puede convertirse en el laboratorio donde México aprenda, demasiado tarde, lo que significa perder el control territorial.

El Estado debe recuperar la iniciativa. No solamente después de cada ataque. No solamente cuando hay cámaras de televisión. No solamente cuando la tragedia obliga al gobierno a reaccionar. Debe anticiparse.

Desarticular las estructuras. Seguir el dinero. Investigar las redes de corrupción. Identificar a los operadores. Perseguir a los financiadores. Cerrar las rutas logísticas. Recuperar territorios. Y garantizar que policías y fiscales tengan las herramientas necesarias para hacer su trabajo.

La guerra contra el crimen no se gana contando detenidos; se gana desmontando las estructuras que hacen posible que el crimen siga funcionando. La soberbia también mata

Durante demasiado tiempo, México ha padecido gobiernos más preocupados por administrar el discurso que por resolver el problema. La seguridad no admite propaganda.

La sangre no admite otros datos. Una familia que carga a su bebé herida no necesita una explicación política. Necesita justicia. Y una sociedad aterrorizada no necesita que le digan que “todo está bajo control”. Necesita que efectivamente esté bajo control.

Porque si un grupo criminal puede colocar un coche bomba frente a una instalación policial, herir civiles y paralizar psicológicamente a una comunidad, entonces el problema ya no es únicamente cuántos delitos se cometieron.

El problema es quién tiene la capacidad real de imponer su voluntad. Y ahí está la verdadera tragedia. Porque el día que los ciudadanos comienzan a obedecer más al miedo que a la autoridad, el crimen ya no sólo delinque: empieza a gobernar.

Eso es lo que México no puede permitir. Y si los criminales creyeron que el terror les daría más poder, quizá acaban de cometer su peor error.

Porque el terrorismo —cuando jurídicamente se acredita como tal— no sólo aterroriza a sus víctimas: también puede provocar exactamente la reacción nacional e internacional que los grupos criminales más temen.

Más inteligencia. Más cooperación. Más persecución financiera. Más presión internacional. Y una persecución mucho más amplia de sus estructuras. La pregunta ya no es si el Estado puede darse el lujo de reaccionar. La pregunta es cuánto tiempo más puede darse el lujo de no hacerlo.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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