*¿Hasta dónde llegará la primera mujer presidenta para investigar las acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico que alcanzan a figuras centrales de su propio gobierno y movimiento político?

* Riva Palacio sostiene que autoridades estadounidenses habrían asegurado dos departamentos en Houston y congelado cuentas y activos vinculados con Adán Augusto, su hermano Melchor y personas de su primer círculo familiar.


Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum presume honradez en Palacio Nacional, Washington eleva la temperatura política sobre dos de los hombres más poderosos de Morena, Andy López Beltrán y Adán Augusto López. Hay días en que la política se encarga de fabricar sus propias contradicciones.

Este martes, mientras Claudia Sheinbaum presentaba desde Palacio Nacional su Segundo Informe de Gobierno y reivindicaba la honradez, la austeridad republicana y el combate a los privilegios, una noticia de enorme impacto político colocaba al gobierno y a Morena frente a una pregunta inevitable:

¿Hasta dónde llegará la presidenta para investigar las acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado que alcanzan a figuras centrales de su propio movimiento? El contraste no podía ser más brutal.

Desde Palacio Nacional se habló de resultados, estabilidad, bienestar, seguridad y honestidad. La presidenta incluso afirmó que la autoridad política y moral no se adquiere con dinero y que sólo mediante la honestidad pueden darse verdaderos resultados.

Pero, al mismo tiempo, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó nuevos señalamientos sobre el senador Adán Augusto López Hernández que, de confirmarse por las autoridades competentes, constituirían un terremoto político para Morena.

Riva Palacio sostiene que autoridades estadounidenses habrían asegurado dos departamentos en Houston y congelado cuentas y activos vinculados con Adán Augusto, su hermano Melchor y personas de su primer círculo familiar. También refiere que Washington habría solicitado información a Francia sobre propiedades, cuentas y activos relacionados con el senador.

No se trata de una acusación menor ni de un episodio aislado. El propio Riva Palacio había informado anteriormente que Estados Unidos revocó la visa de Adán Augusto en el contexto de una investigación sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, y que el gobierno mexicano conocía información estadounidense relacionada con el senador. Ahora el señalamiento adquiere otra dimensión.

Según la nueva columna, en México existirían investigaciones que involucran las notarías de Adán Augusto y de su hermano, relacionadas con empresas factureras creadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales presuntamente habrían sido utilizadas para operaciones de lavado de dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y hay todavía más. Riva Palacio refiere investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y de autoridades de Baja California Sur relacionadas con seis empresas, cuyos accionistas incluyen al exgobernador Narciso Agúndez Montaño y a su hijo Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, empresas que presuntamente tendrían conexiones con Adán Augusto y por las cuales habrían fluido recursos atribuidos a una facción de Los Chapitos para una campaña política.

Todo ello son señalamientos periodísticos y presuntas investigaciones, no sentencias judiciales. Y precisamente por eso corresponde a las autoridades mexicanas investigar, esclarecer y, si existen responsabilidades, proceder conforme a derecho.

Lo que no resulta compatible con el discurso de la transformación es exigir honestidad a los ciudadanos mientras las instituciones permanecen inmóviles frente a acusaciones de semejante gravedad. El problema no es sólo Adán Augusto, sino también los “nepobabies” Andy, Bobby, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

Aquí aparece el verdadero problema político para Claudia Sheinbaum. Las denuncias no llegan solas. Se acumulan cuestionamientos sobre familiares de políticos, los llamados “nepobabies”, empresarios favorecidos por relaciones de poder, contrataciones públicas, posibles conflictos de interés y presuntos esquemas de enriquecimiento que contradicen la narrativa de austeridad que durante años convirtió a la Cuarta Transformación en bandera política.

La paradoja es evidente: El movimiento que llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción enfrenta ahora el riesgo de ser juzgado por la corrupción atribuida a algunos de sus propios cuadros. Y no basta con repetir que “no somos iguales”.

La política dejó de creer en los eslóganes cuando las denuncias adquieren nombres, empresas, propiedades, cuentas bancarias, investigaciones financieras y solicitudes internacionales de información.

Si Washington realmente ha realizado requerimientos al gobierno mexicano para investigar a integrantes de Morena, como afirma Riva Palacio, la respuesta no puede ser el silencio.

Tampoco puede reducirse todo a una supuesta campaña de desprestigio. Si las acusaciones son falsas, que se demuestre. Si son verdaderas, que se castigue. Eso también es transformación. La prueba de fuego para Sheinbaum

Claudia Sheinbaum enfrenta aquí una prueba política mucho más importante que cualquier discurso de aniversario. Porque la verdadera autonomía presidencial no se demuestra protegiendo a los amigos, aliados o correligionarios.

Se demuestra dejando funcionar a las instituciones, incluso cuando la investigación puede tocar a los hombres más poderosos del movimiento. El caso de Adán Augusto es particularmente delicado porque no se trata de un militante menor.

Fue gobernador de Tabasco. Fue secretario de Gobernación. Fue uno de los hombres más cercanos a López Obrador. Es senador de la República. Y durante años ocupó posiciones privilegiadas dentro del proyecto de la Cuarta Transformación.

Por eso, si existen investigaciones reales en México o Estados Unidos, el país tiene derecho a conocerlas y saber qué están haciendo la UIF, la Fiscalía General de la República, el SAT y las demás autoridades competentes.

No para satisfacer a Washington. No para complacer a la oposición. Para cumplir con la ley mexicana. La soberanía no significa impunidad.

La soberanía significa que México tiene instituciones capaces de investigar a sus propios políticos sin necesitar que otro país le entregue las pruebas en bandeja de plata. El informe frente al espejo. Sheinbaum quiso convertir su Segundo Informe en una reafirmación de rumbo.

Y políticamente lo consiguió: defendió la continuidad de la Cuarta Transformación, negó divisiones y llamó a sus correligionarios a mantener la unidad y la honestidad.
Pero la realidad política no cabe completa en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Mientras la presidenta hablaba de honestidad, desde Estados Unidos surgían nuevos señalamientos sobre uno de los principales dirigentes del obradorismo. Mientras hablaba de austeridad, permanecen bajo escrutinio las denuncias sobre privilegios y negocios de familiares y empresarios vinculados al poder.

Mientras hablaba de autoridad moral, la opinión pública exige saber si las instituciones tienen la independencia suficiente para investigar a quienes ayer ocupaban las oficinas más poderosas del país.

Ese es el verdadero termómetro del segundo año de gobierno. No cuánto aplaudieron los asistentes. No cuántas veces se repitió la palabra “pueblo”. No cuántas cifras positivas fueron proyectadas desde Palacio Nacional.

La pregunta incómoda es mucho más sencilla: ¿Puede Claudia Sheinbaum demostrar que en su gobierno nadie está por encima de la ley, aunque se trate de un compañero de movimiento, un familiar de un político poderoso o un empresario cercano al poder?

Porque si la respuesta es sí, tiene una oportunidad histórica de marcar distancia con los vicios del pasado. Pero si la respuesta termina siendo silencio, protección política o carpetazo... Entonces la promesa de “no somos iguales” corre el riesgo de convertirse en el epitafio de la propia transformación.

Vaya paradoja: mientras Palacio Nacional celebraba la honradez, Washington elevaba el termómetro político por la presunta corrupción de Adán Augusto, “hermano” de Andrés Manuel López Obrador.

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