* Las ejecuciones, agresiones, amenazas y privaciones de la libertad contra periodistas es una señal de alarma que ningún gobierno responsable puede seguir ignorando. Alejandro Leyva fue ejecutado. Pedro Matías ha sido amenazado, al igual que Ernesto Rojas, Rey David Jiménez y el periodista deportivo Jaime Rodríguez. Graciano Gómez fue privado de su libertad.

* El crimen organizado es utilizado por gobernantes, funcionarios y políticos para ejecutar a sus enemigos y a periodistas críticos. Otra violencia más perversa nace de las disputas políticas, de los intereses económicos, de las ambiciones personales y, sobre todo, de la impunidad.


Los demonios están sueltos en Oaxaca. Y no solo por la violencia del crimen organizado al que muchas veces utilizan gobernantes, funcionarios y políticos para ejecutar a sus enemigos y a los periodistas incómodos por críticos, siete asesinados en el país, en lo que va del año.

También por esa otra violencia más perversa que nace de las disputas políticas, de los intereses económicos, de las ambiciones personales y, sobre todo, de la impunidad que permite que los poderosos jueguen con la vida, la libertad y la seguridad de los demás.

El rosario de ejecuciones, agresiones, amenazas y privaciones de la libertad contra periodistas oaxaqueños es una señal de alarma que ningún gobierno responsable puede seguir ignorando. Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue ejecutado. Pedro Matías ha sido amenazado, al igual que Ernesto Rojas Ayuso y Rey David Jiménez García.

Graciano Gómez Lescas fue privado de su libertad. Hasta el periodista deportivo Jaime Rodríguez también aparece en este preocupante escenario de agresiones contra comunicadores.

¿Coincidencias aisladas? Sería ingenuo pensar que todo ocurre al margen de las pugnas por el poder.
Cuando un periodista es asesinado, amenazado, golpeado, perseguido o privado de su libertad, no solamente se agrede a una persona: se intenta silenciar a la sociedad.

Y cuando estos ataques ocurren en territorios donde existen conflictos políticos y disputas por el control de gobiernos municipales y comunitarios, la obligación de las autoridades es investigar hasta las últimas consecuencias quiénes están detrás, quiénes se benefician y quiénes, por acción u omisión, permiten que la violencia avance.

LA “MANO NEGRA” DEL FUEGO AMIGO

Resulta particularmente preocupante que la desmedida ambición política y económica —sin límite ni llenadera— pueda estar utilizando los conflictos comunitarios como campo de batalla.

Ahí aparece la hipótesis de una “mano negra” del llamado “fuego amigo”: intereses políticos que, desde las sombras, podrían estar alentando, financiando, protegiendo o aprovechando conflictos locales para conservar posiciones de poder.

No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas. Se trata de exigir que se investiguen los señalamientos públicos existentes. Porque cuando existen denuncias de pobladores que apuntan hacia determinados actores políticos, la respuesta de las instituciones no puede ser el silencio, la simulación ni el carpetazo.

Debe ser una investigación seria, profesional e independiente. El caso de Barrio El Portillo en San Sebastián Río Hondo, Miahuatlán, es particularmente delicado. Seis personas, entre ellas el periodista Graciano Gómez Lescas, colaborador de TV Bus, y el alcalde Rigoberto Ramírez López, permanecieron retenidas e incomunicadas durante más de 24 horas.

De acuerdo con los señalamientos difundidos públicamente, la retención estaría relacionada con una disputa política local por la designación de autoridades y la presidencia municipal. Un conflicto político que terminó convirtiéndose en un problema de seguridad y de derechos humanos.

Y cuando un periodista queda atrapado en medio de una disputa por el poder, la gravedad se multiplica.

¿QUIÉN MUEVE LOS HILOS?

Pobladores han señalado públicamente al grupo encabezado por Efraín Domingo Ramírez Hernández, así como a Mario Efraín Martínez, quienes, según esos mismos señalamientos, se habrían asumido como presidente comunitario y alcalde comunitario.

También existen acusaciones públicas de pobladores respecto de un supuesto respaldo del diputado local de Morena Isaac López López a dicho grupo. Estos señalamientos deben ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes.

Precisamente por eso no basta con liberar a los retenidos. Hay que llegar al fondo. ¿Quién organizó la retención? ¿Quién la financió? ¿Quién la ordenó? ¿Quién proporcionó protección? ¿Quién conocía lo que estaba ocurriendo? ¿Quién pudo intervenir antes y no lo hizo?

Y, sobre todo, ¿quién pretende beneficiarse políticamente de la violencia? Esas son las preguntas incómodas que deben responderse. Porque la impunidad también tiene cómplices. Y muchas veces esos cómplices no disparan, no secuestran y no amenazan: simplemente miran hacia otro lado.

EL PERIODISMO NO PUEDE SER MONEDA DE CAMBIO

La liberación de Graciano Gómez Lescas y de las otras cinco personas fue una buena noticia. La intervención de la Ombudsperson, maestra Elizabeth Lara Rodríguez, de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, así como de la Secretaría de Gobierno, resultó fundamental.

Pero una liberación no significa que el problema haya terminado. Al contrario. Debe comenzar ahora la investigación que determine responsabilidades y evite que vuelva a ocurrir. Porque si secuestrar o retener a un periodista se convierte en un mecanismo de presión política, Oaxaca habrá cruzado una frontera peligrosísima.

Y si las amenazas contra comunicadores terminan normalizándose, estaremos frente a una derrota institucional de dimensiones mayores.

LOS PERIODISTAS, EN LA LÍNEA DE FUEGO

Oaxaca no puede convertirse en territorio donde los periodistas tengan que escoger entre callar o arriesgar la vida. La libertad de expresión no es una concesión del gobierno en turno. Es un derecho constitucional.

Tampoco puede aceptarse que los conflictos políticos municipales se resuelvan mediante amenazas, bloqueos, retenciones, violencia o intimidación. Mucho menos cuando los periodistas quedan atrapados como rehenes de las pugnas por el poder.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar debería haber encendido todas las alarmas. Las amenazas posteriores y ahora la privación de la libertad de Graciano Gómez Lescas demuestran que el problema no está resuelto.

Por el contrario: la violencia parece estar escalando. Y frente a ello hay una responsabilidad ineludible del Estado. Investigar. Prevenir. Proteger. Castigar. Sin distingos políticos. Sin importar el partido. Sin importar el apellido. Sin importar el cargo.

LA IMPUNIDAD ES EL VERDADERO MONSTRUO

La violencia crece donde la impunidad echa raíces. Y la impunidad se alimenta de redes de complicidad, corrupción, negligencia y protección política. Por eso la pregunta fundamental ya no es solamente quién ejecuta, amenaza o secuestra.

La pregunta es: ¿Quién permite que puedan hacerlo? Si detrás de la violencia existe una “mano negra” política, hay que descubrirla. Si existe “fuego amigo”, hay que exhibirlo. Si existen funcionarios que protegen intereses particulares, deben responder ante la justicia.

Y si existen actores políticos que utilizan grupos comunitarios para dirimir sus disputas por el poder, también deben ser investigados. Oaxaca necesita menos discursos y más resultados. Menos simulación y más justicia. Menos protección a los poderosos y más protección a los periodistas.

Porque cada periodista silenciado es una ventana menos para que la sociedad pueda ver lo que ocurre detrás de las puertas del poder. Y ese es precisamente el objetivo que nunca debe permitirse: que la violencia termine convirtiéndose en la censura más efectiva.

La “mano negra” podrá mecer la cuna de la violencia. El “fuego amigo” podrá intentar dinamitar proyectos políticos. Los intereses ocultos podrán intentar utilizar los conflictos comunitarios. Pero si las instituciones cumplen con su deber, la oscuridad no podrá esconder para siempre a quienes mueven los hilos.

Porque en Oaxaca ya no basta con liberar a los periodistas retenidos. Hay que liberar también a la justicia de las manos que pretenden controlarla. Y si el Estado no corta de raíz esas redes de complicidad, mañana no estaremos contando solamente periodistas amenazados. Estaremos contando más víctimas.

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