Lo que parecía haber cambiado, por los años de pandemia y la relación tersa que se vivió durante los cuatro años pasados, entre el gobierno estatal y la dirigencia del llamado Cártel 22, ha tenido un viraje preocupante. De nueva cuenta el conflictivo magisterio oaxaqueño sigue dando la nota con paros locos, plantones y la cancelación de accesos y operaciones en el aeropuerto internacional de Oaxaca.

La capacidad de movilización magisterial es impresionante, proporcional a su nivel de victimización y poca o nula responsabilidad docente. Han tomado a la educación pública de más de un millón de educandos, como trampolín para lograr sus propósitos sectarios y facciosos. Durante 43 años, desde el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –la CNTE-, Oaxaca es de las entidades del país con mayor rezago educativo. Ciclos completos se han perdido entre paros y movilizaciones.

Algunos medios en la capital del país han advertido sobre los riesgos que implica darles o devolverles canonjías y privilegios, más allá de lo que les otorga la Federación. Aquí, el magisterio llamado a sí mismo democrático, es un poder fáctico. Hemos vivido los coletazos de cierres carreteros masivos, bloqueos a la capital, barricadas y muertos. Pero para sus manejadores, los únicos que cuentan son los que ellos contabilizan como suyos.

El 15 de mayo iniciaron las hostilidades. El emplazamiento al gobierno estatal para responder a demandas que no están en su esfera de decisión. Pero siguen con sus paros locos. Ya lograron echar abajo el proyecto presidencial de desincorporar de la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección de Educación Indígena, que pasaría al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas –INPI-. Un gobierno federal condescendiente y un Congreso pasivo y obediente. Ahora se asumen los promotores de la revolución socialista en las aulas.

En su propaganda mencionan su propósito de echar abajo el decreto de 2015, el mismo que aprobó el gobierno de Gabino Cué y que le permitió a la Federación recuperar la rectoría de la educación que, de manera absurda, una mala decisión había puesto en manos de la Sección 22 en 1992. A nadie engañan. El propósito de los grupos radicales comandados por la Secretaria General, Yenny Aracely Pérez Martínez, es volver a recuperar esos privilegios que mantuvieron durante 23 años.

Insistimos: ahí está inscrita la cacareada bilateralidad que tanto repiten en sus discursos, arengas y consignas. Ceder, sería para el gobierno de Salomón Jara hacer de un gremio sindical de trabajadores, con reglas claras establecidas en la Ley Federal del Trabajo, también patrón. Y volver a la ilegalidad de que el Comité Ejecutivo Seccional asuma el papel de mandamás en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –IEEPO- cuya responsabilidad compete sólo al Poder Ejecutivo. (JPA)