Desde el gobierno de Diódoro Carrasco, entre 1992 y 1998, y alentado por algunos funcionarios, se dio un crecimiento exponencial en el directorio de organizaciones sociales, hasta años recientes. Al tenor de los particulares intereses de sus dirigentes y franquicitarios, se crearon membretes y más membretes, todos con la tendencia de reivindicar a los campesinos, los pobres, los indígenas y otros segmentos sociales.

A finales del gobierno de Alejandro Murat, el catálogo de organizaciones y membretes se llegó a estimar en al menos 300. Cada uno de sus dirigentes se asumía de facto, beneficiario ex officio del erario gubernamental. Es más, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año, los y las diputadas del Congreso local les fijaban una cuota, algunas veces decenas si no es que cientos de millones de pesos como al Frente Popular Revolucionario, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- o Antorcha Campesina.

La famosa lucha social se convirtió en un boyante negocio y el chantaje, a través de bloqueos y violencia, en la industria más rentable. Hay en el actual gabinete varios funcionarios que vivieron alargando la mano para recibir la dádiva del gobierno, caso contrario, montaron bloqueos, patearon puertas de oficinas y cerraron carreteras. Es decir, conocen a fondo las reglas con las que opera esta industria tan ominosa.

Pero hoy, que son gobierno e hijos de esa cultura, deben saber a la perfección en dónde y a quién apretar cuando se saltan las trancas. Por ello, a casi dos meses del inicio del actual gobierno, se hizo mención de que el directorio de quienes habrían de recibir beneficios se había adelgazado a unas cuantas organizaciones. Obvio: el resto de dirigentes enloqueció y buscan una coyuntura, un movimento contra el gobierno o una asonada, para colgarse y volver al Edén presupuestal.

Así fue en el 2006. El Cártel 22 sólo encendió la mecha y luego se abrió. Así juega el magisterio cuando opera como mercenario de otros intereses. En la APPO confluyeron grupos, caciques políticos, organizaciones y hasta movimientos en la clandestinidad. Todos, todos, con el propósito de beneficiarse económica o políticamente. Sin embargo hoy, hay un elemento fundamental para paliar la ambición de dirigentes y titiriteros: la instrucción presidencial de entregar apoyos a los directamente beneficiarios. No a intermediarios.

En la negociación política, más que las vísceras debe prevalecer la mente fría, la habiidad y la capacidad para construir consensos. Un verdadero equilibrio entre la apertura al diálogo y la vigencia del Estado de Derecho. Bajo esa visión, ni maestros, ni manipuladores de normalistas, menos los falsos redentores de las organizaciones citadas, pueden ya venir a espantar con el petate del muerto. (JPA)