Uno de los problemas sociales que arrastra nuestro estado es el transporte público. Desde hace al menos tres sexenios, las concesiones para servicio de taxis y camionetas foráneas, y, posteriormente, de moto-taxis, crecieron de manera irracional. Y es que los favores políticos de las administraciones anteriores se pagaron, muchas veces, con permisos y concesiones que se otorgaron a decenas de organizaciones sociales. ¿Y quiénes han sido los principales beneficiarios? Pues los dirigentes.

Cuestión sólo de imaginar el porqué de la anarquía en el transporte concesionado, al ver la circulación diaria de miles de pequeñas unidades que entran y salen de la capital. El fenómeno se repite en las principales ciudades. Sin paraderos, sin terminales ex professo, sino la utilización de las calles para el ascenso y descenso. El sobrecupo, los accidentes en carreteras federales y la inseguridad en dichas unidades, son entre otros, algunos de los problemas que las autoridades parecen ignorar o simplemente se hacen de la vista gorda.

En vísperas de la largamente aplazada inauguración de la carretera a la Costa, evento que se llevó a cabo el pasado 4 de febrero, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de vecinos de la zona de los Coatlanes, lanzó una advertencia: por la nueva vía no permitirían la circulación de unidades de las empresas que desde hace décadas prestan el servicio. Ello, motivado por la constitución de una empresa de transporte por parte de una decena de comunidades que se ubican en el trayecto Barranca Larga-Ventanilla.

Con el argumento de que la vía carretera pasa por sus jurisdicciones, territorios y de que son pueblos originarios, pretendían tener una especie de exclusividad. Es decir, que una vía federal fuera casi patentada con esos argumentos. Sin negar el derecho legítimo que les compete a integrarse a los prestadores de servicios de transporte -que tampoco debe ser monopolio de nadie-, el derecho al trabajo y a sus usos y costumbres, dieron lugar a fricciones, presiones, detención de unidades y bloqueos, desde nuestro punto de vista innecesarios.

La libre competencia es sana. Más aún si las ganancias habrán de contribuir a paliar el olvido y el abandono en que dichas comunidades han estado durante siglos. Ello, por supuesto, una vez que se integren de manera legal en el transporte que circula en nuestra red de carreteras federales. Al final de todo será la calidad en el servicio la que pondrá las pautas de éxito. Además de que, al integrar en el servicio a autoridades y empresas comunitarias, éstas podrán garantizar la seguridad en la zona y poner freno a los abominables bloqueos carreteros. (JPA)