A principios del año 2000, México dio un paso importante en su consolidación democrática: la promulgación de una ley y de instituciones para la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información. Hacer realidad el derecho de los mexicanos a saber. Esa cruzada tuvo su génesis en el llamado “Grupo Oaxaca”, del que formaron parte académicos, editores y periodistas, que empujaron la creación de un marco jurídico constitucional, para hacer realidad dicho propósito.

Sólo podían mantenerse en reserva datos que pusieran en riesgo la seguridad nacional y todo aquello ligado a indagatorias judiciales que, por su misma naturaleza, deberían mantenerse en secrecía. Ello permitió que, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, se develaran irregularidades, corruptelas, conflictos de interés y tráfico de influencias en el poder público. Escándalos como “la casa blanca” o las toallas caras en la ex residencia de Los Pinos, entre otras.

Sin embargo, con el arribo del gobierno de la 4T en 2018, se puso bajo la mira a los órganos autónomos, principalmente aquellos que tenían como meta la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública. Todo aquello que pudiera vulnerar los intereses del partido en el poder, personajes y del mismo poder público, se etiquetó como reserva. Construcciones multimillonarias como la Refinería Dos Bocas, o el Aeropuerto Felipe Ángeles y muchas obras más, se ubicaron en el terreno reservado a la secrecía, la opacidad y la discrecionalidad.

La semana pasada el gobierno federal instruyó que el Tren Interoceánico reserva por 5 años los detalles técnicos de sus vagones, con el infantil argumento de que divulgar la información pone en riesgo la seguridad nacional. Todo ello, después del cuestionado informe de la Fiscalía General de la República, sobre el accidente del pasado 28 de diciembre, que costó la vida a 14 personas, en donde se señala a 3 presuntos responsables. Es decir, a los charales no a los peces gordos que se trata de proteger.

En Oaxaca, también tuvimos nuestra muestra de regresión democrática. Hace unos días se concretó la desaparición formal del Órgano Garante de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -OGAIPO-. El mismo fue desmantelado, pierde su carácter de autónomo y pasa a ser un ente burocrático más del Poder Ejecutivo, en la Secretaría de Honestidad y Transparencia.

Como ciudadanos pues, hemos perdido un instrumento de consulta, a donde podíamos acudir para saber qué se hace con el dinero público, indagar sobre la apertura y legalidad de las licitaciones, inversiones, salarios de los servidores públicos y hasta develar los señalamientos de enriquecimiento ilícito o acciones de corrupción. Ahora, será el mismo gobierno quien mantendrá su propia información y la manejará a su arbitrio. (JPA).