Oaxaca, Oax.- Desde la noche del domingo, pobladores desplazados del municipio de San Juan Mazatlán, Mixe arribaron al Palacio de Gobierno de Oaxaca, donde pernoctaron en los portales de la “Casa del Pueblo” como medida de presión para exigir garantías de retorno seguro a sus comunidades de origen, tras los ataques armados perpetrados por vecinos de Santo Domingo Petapa.

Los afectados acusan al Gobierno del estado de haberlos abandonado ante la crisis humanitaria que enfrentan, denunciando una constante omisión de las autoridades estatales que, según señalan, ha permitido que la violencia escale sin ninguna intervención efectiva para mediar en el conflicto.

Los manifestantes advirtieron que no levantarán su protesta hasta que el gobierno del estado implemente un plan de seguridad efectivo que resguarde su integridad física y ponga fin a la impunidad.

La disputa entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa se centra en la posesión de aproximadamente 26 mil hectáreas de bosque de pino y cedro, un territorio de alto valor ambiental y económico, que ambas comunidades reclaman desde hace más de 50 años sin que exista una resolución definitiva.

El primer desplazamiento ocurrió el 18 de febrero de 2026, cuando ingresaron diez camionetas con gente armada y maquinaria pesada a la zona en conflicto.

Posteriormente abrieron un camino en Loma Santa Cruz y realizaron disparos hacia esa comunidad, lo que obligó a aproximadamente 30 familias a huir hacia la población de Arroyo Cuchara, perteneciente al municipio de Juan Guichicovi.

Cuando los campesinos de esas localidades supieron que Santo Domingo Petapa anunció que ingresaría a las tierras de San Juan Mazatlán, alertaron a las autoridades estatales y pidieron la protección de la policía, pero solo hallaron silencio gubernamental.

Las agresiones han provocado el asesinato de los comuneros Porfirio Bautista Domínguez, Israel Cabrera Andrés y Palemón Agustín Epitacio en los últimos tres años de este conflicto, así como la muerte por inanición de una mujer de la tercera edad, el desplazamiento de más de cien familias, y la falta de acceso a la alimentación y a servicios de salud en comunidades sitiadas por el grupo armado.

Alrededor de 500 pobladores de Rancho Juárez padecen escasez severa de alimentos, mientras persisten interrupciones en servicios esenciales como energía eléctrica y atención sanitaria, lo que agrava la vulnerabilidad comunitaria.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la medida cautelar 02/2026, por presuntas violaciones a los derechos al libre tránsito, la seguridad, la libertad, la salud y la alimentación en perjuicio de pobladores de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, dirigida a diversas autoridades de la administración pública estatal y a los presidentes municipales de las localidades involucradas.

La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) demandó el establecimiento de una Mesa de Atención Agraria de alto nivel, ya que la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca no es la instancia competente para una atención adecuada al conflicto.

Asimismo, exigió el restablecimiento de la energía eléctrica en las poblaciones mixes, la reactivación de actividades educativas en tres niveles en Loma Santa Cruz, y la garantía de personal médico y medicamentos en las comunidades afectadas.

La organización señaló que esta violencia persiste en la zona porque continúan en la impunidad los asesinatos de Wilfrido Atanacio Cristóbal, Abraham Quirino Ortiz y Victoriano Quirino Jiménez, vecinos de El Platanillo, quienes fueron asesinados el 13 de febrero de 2025 en una emboscada por el grupo armado conocido como “De los 33”.