Oaxaca, Oax.- El despido de una enfermera con diagnósticos graves de salud mental —emitidos por el propio IMSS— y la muerte posterior de ella y su hija en Oaxaca es un feminicidio producto de una cadena de omisiones institucionales, denunció la familia de Areli Saraí Martínez Domínguez.

La enfermera, de 34 años de edad, y su hija Evolet, de ocho, fueron halladas sin vida el 1 de mayo de 2026 al interior de su domicilio en la colonia Jacarandas de la agencia municipal de San Martín Mexicapam, en Oaxaca de Juárez.

Ambos cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición; los primeros informes periciales apuntaron a la ingesta de medicamentos y descartaron preliminarmente la intervención de terceras personas.

Areli Saraí estudió en la Universidad de la Sierra Sur y comenzó su vida laboral en comunidades como San Juan Yae y Estancia de Morelos.

En 2017 tuvo a su hija Evolet y en 2018 se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inicialmente en el hospital de subzona número 48 de Santa Cruz Huatulco.

Durante la pandemia por COVID-19, en 2021, fue trasladada al Hospital General de Zona número 1 "Demetrio Mayoral" en la ciudad de Oaxaca, donde su carga laboral se incrementó de manera notable: llegó a atender hasta 15 pacientes por turno en condiciones de escasez de insumos y presunto maltrato laboral.

La institución para la que trabajaba le diagnosticó ansiedad, depresión mayor, distimia y síndrome de burnout.

Pese a tener conocimiento de ese perfil clínico, el IMSS no implementó medidas de protección ni seguimiento adecuado.

El 17 de marzo de 2026, tras ocho años de relación laboral, le rescindió el contrato. El 30 de abril, en audiencia conciliatoria, le confirmó el despido definitivo. Al día siguiente, Areli Saraí y Evolet fueron halladas sin vida.

"Cuando una institución conoce padecimientos graves de salud mental y advertencias clínicas de riesgo, no puede tratar a la persona como empleada problemática, carga administrativa o trabajadora simplemente apta para seguir hasta quebrarse", sostuvo Leny Martínez Domínguez, hermana de la víctima, durante la conferencia de prensa en la que la familia hizo público su posicionamiento.

Junto a ella, Sonia Domínguez (madre), Teófilo Martínez (padre) y Fernando Manuel (hermano) rechazaron las narrativas que redujeron la vida de Areli Saraí y de Evolet a una nota roja y demandaron que la verdad se diga de manera completa para redignificar y resignificar la vida de ambas.

Exigieron también a la Fiscalía General del Estado que investigue el caso bajo protocolos de feminicidio y que las indagatorias se extiendan al IMSS por violencia laboral e institucional.

La familia fue acompañada por integrantes del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio Oaxaca) y por familiares de otras víctimas de feminicidio en el estado. Señalaron que también condenan la falta de respaldo del sindicato durante el proceso que enfrentó la trabajadora.

Entre las demandas centrales del posicionamiento familiar figuran medidas reales de no repetición y la implementación de protocolos verificables de detección, atención, seguimiento y protección de la salud mental del personal del IMSS, con intervención médica, psicológica, psiquiátrica, laboral y sindical coordinada.

"El 17 de marzo de 2026 a mi hermana le fue rescindida la relación laboral con el IMSS. El 30 de abril, en audiencia conciliatoria, se le reiteró su despido definitivo. Al día siguiente ocurrió la tragedia. Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada ni como simples trámites administrativos", expresó la familia a través de un comunicado leído en el acto.