Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México en 2007, el crimen organizado ha asesinado 82 alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos locales. Si añadimos desapariciones, atentados y amenazas públicas, el total llega a 441 ataques. En promedio se registraron cuatro ataques por mes en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y cinco ataques por mes en los dos primeros años del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque la mayoría de los ataques se concentran en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa (en el Pacífico mexicano) y en los estados norteños de Chihuahua, Durango y Tamaulipas, el 11% de los municipios – donde habita el 30% del país – han experimentado al menos un ataque en los últimos ocho años.

Mediante estos ataques el crimen organizado ha logrado ablandar, abaratar y capturar a cientos de autoridades locales y apropiarse de los recursos y las policías municipales. En estos espacios conquistados, los grupos criminales ejercen las dos funciones centrales del Estado – la tributación y el monopolio de la violencia – y eliminan o desaparecen a quienes se opongan.

No hace mucho tiempo hablábamos del municipio como la institución que alimentó la transición mexicana a la democracia; como el espacio donde inició la competencia electoral y la alternancia, para luego expandirse al resto del país. Hoy es urgente entender por qué el narco ha logrado a través de la violencia apoderarse de la institución germinal de la democracia mexicana.

Como lo reportamos en la revista Nexos, los ataques contra autoridades locales son más frecuentes en zonas inmersas en guerras por el control del trasiego de la droga, donde el municipio se ha convertido en una fuente de recursos para financiar estos conflictos. Por ello los narcos atacan municipios con mayores recursos y mayor capacidad impositiva. El control de estos municipios les da un beneficio adicional: acceso al registro de la propiedad y a información tributaria para extorsionar las economías locales.

Pero más allá de los factores que hacen atractiva la toma del municipio, están los factores que los hacen vulnerables. Puesto que los municipios no tienen la capacidad policial para enfrentar a los poderosos ejércitos del narco, los alcaldes dependen del auxilio federal. La experiencia reciente de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón muestra, sin embargo, que el apoyo federal no fluye a partir de necesidades locales sino de criterios partidistas.

Cuando un alcalde en un estado gobernado por el partido del presidente – el demócrata cristiano, PAN – pedía auxilio ante epidemias de violencia criminal y ataques contra funcionarios locales, la federación enviaba apoyos y se diseñaban operativos efectivos entre los tres niveles de gobierno. El operativo que rescató a la ciudad de Tijuana (PAN) en Baja California (PAN) es emblemático de la cooperación entre correligionarios.

Pero cuando el alcalde que pedía auxilio provenía de un estado gobernado por el izquierdista PRD – el partido que nunca aceptó el triunfo electoral del presidente Calderón en 2006 y se convirtió en la némesis del presidente – la respuesta federal no llegaba o cuando llegaba era unilateral, no involucraba a la autoridad local y la federación intentaba exhibir a las autoridades locales como ineptas o corruptas.

Cuando el alcalde izquierdista de Acapulco, Félix Salgado (2005-2008), en el estado izquierdista de Guerrero, pidió asistencia federal ante amenazas de muerte y una fuerte ola de violencia criminal, la federación respondió acusándolo de proteger al narco. Aunque el gobierno se desdijo, el narco entendió que en Guerrero los alcaldes de izquierda estaban desprotegidos.

A pesar de reiteradas peticiones de ayuda federal del alcalde izquierdista de Santa Ana Maya, Ygnacio López (2011-2013) – quien como muchos alcaldes del estado izquierdista de Michoacán fue obligado a ceder parte de sus recursos a Los Caballeros Templarios – el auxilio nunca llegó. Tras una huelga de hambre en Ciudad de México para exigir apoyos, López fue asesinado.

Más allá de estos casos, los resultados de un estudio estadístico sugieren que durante el gobierno de Calderón la probabilidad de ataques contra autoridades locales de oposición fue entre cinco y seis veces mayor en estado gobernado por la izquierda que en estados gobernados por el partido del presidente. En estados gobernados por el PRI la probabilidad de ataques fue dos veces mayor. Esto muestra que la federación cooperó con sus correligionarios, desprotegió parcialmente a los del PRI, pero abandonó a la izquierda. Y fue ahí donde el narco se apoderó del poder local.

La respuesta de la izquierda ante la desprotección federal fue políticamente torpe. Los dirigentes del PRD no denunciaron la penetración criminal en sus Gobiernos y protegieron a quienes por corrupción o por coacción se aliaron con el narco. El resultado: tras la masacre de Iguala, el PRD entró en lo que puede ser una crisis terminal.

Ahora que los legisladores mexicanos se aprestan a reformar el sistema federal y mermar las capacidades institucionales del municipio, habrá que recordarles que el uso discrecional y politizado de las procuradurías y las fuerzas de seguridad por parte del presidente, en favor de sus correligionarios y en detrimento de sus enemigos, tiene al municipio postrado ante el crimen organizado.

Hay que ser muy claros. Quitarle capacidades policiales al municipio sin introducir contrapesos que eviten la politización de la fuerza pública es una reforma que no abonará el camino para una paz verdadera.