México.- Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el amparo promovido por la organización Mexicanos Primero por el desvío de recursos del extinto Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).

De ser favorable el amparo obligaría a sancionar incluso penalmente a los funcionarios públicos que hayan cometido irregularidades en el manejo del gasto público. Si Mexicanos Primero lo gana, sentaría precedente para que en el futuro sea posible llevar hasta la Corte casos de corrupción y opacidad, estableciendo que los ciudadanos tienen derecho “a que los recursos derivados de sus impuestos, se manejen con transparencia y honestidad”, de acuerdo con el despacho Pérez de Acha, que llevó el caso ante la SCJN.

Mexicanos Primero interpuso el juicio de amparo a través de una figura jurídica conocida como “interés legítimo” que quiere decir que un ciudadano tiene la posibilidad de presentar un amparo cuando se afecten intereses colectivos.

“A la Auditoría Superior de la Federación es imponer sanciones que incluían la persecución y presentación de querellas penales, también debió haber pedido que se le regresara el dinero mal aplicado. Todo eso es lo que estamos imputando como una actuación ilegal de la Auditoría: señaló irregularidades pero no impuso consecuencias, eso es inconstitucional”, señala el abogado Luis Manuel Pérez de Acha en un video para explicar el caso.

Hasta diciembre de 2014, el FAEB operó como la bolsa de recursos que la Federación transfería a los gobiernos estatales para que estos pagaran sus sueldos a los profesores con plaza federal, pero también para operar las escuelas del nivel básico (primarias, secundarias y preescolar).

Derivado de que no existían controles rígidos para su uso, el FAEB ha sido cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación como una bolsa de la cual se desviaban recursos para pagar a aviadores y comisionados.

“Lo que sucedió en la práctica es que a las entidades federativas no les alcanzaba el dinero para operar, entonces distraían los recursos para otros propósitos: para el pago de otras nóminas, la compra de materiales y el pago de nóminas inexistentes”, explica el abogado.