Oaxaca, Oax.- Ante la urgencia de controlar el crecimiento de la mancha urbana en la capital oaxaqueña y sus 20 municipios conurbados, es necesario realizar acciones de regularización de la tenencia de la tierra en la zona metropolitana a la ciudad de Oaxaca.

Así lo afirmó la diputada del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Lilia Mendoza Cruz, quien envió un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte a diversas dependencias y a los municipios a crear programas de regulación de la tenencia de la tierra en esta zona.

Esta iniciativa está dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), a la Junta de Conciliación Agraria y a la Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana de Oaxaca (CORETURO), así como a las autoridades de los municipios conurbados a la capital del estado.

En la exposición de motivos, la también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación señala que el crecimiento de la mancha poblacional en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca esta asociada, principalmente, a que los habitantes, al no contar con recursos para compra de suelo urbano de manera regular, invaden territorio de propiedad comunal, ejidal o federal.

De igual forma, promueven la compra ilegal de suelo en áreas ubicadas principalmente en la periferia de la ciudad, las cuales no son aptas para el desarrollo urbano y territorial, reproduciendose en consecuencia, asentamientos irregulares, los cuales presentan carencias en cuanto a la calidad de vivienda, falta de servicios en infraestructura.

Señala que la presión que se ejerce en zonas conurbadas por tener un pedazo de tierra, genera fenómenos de dobles rentas, despojos, escrituraciones irregulares y un problema entre avecindados y ejidatarios o comuneros, hay núcleos en donde la problemática es alta.

Explica que este Programa de Regulación permitiría contar con un instrumento flexible y ajustable, a través de la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, fundamental para lograr resultados eficaces en el combate a las ventas ilegales.

Además, el Gobierno del Estado y los veinte municipios lograrían ordenar el desarrollo de las áreas urbanas, facilitaría la administración del territorio, favorecería el incremento de los ingresos municipales por la vía del impuesto predial, y lo más importante, permitiría detener el crecimiento urbano irregular e incorporará a los nucleos agrarios a los planes y programas de desarrollo urbano.

De igual forma, permitiría organizar y mejorar la eficiencia en la dotación de servicios públicos, evitaría la especulación inmobiliaria y propiciaría la certeza y la seguridad jurídica sobre el patrimonio de los habitantes e inversionistas.