Oaxaca, Oax.- Cuatro personas, adheridas a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cobraban en la nómina de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), confirmó el nuevo Fiscal General, Joaquín Carrillo Ruiz.

En entrevista, el exprocurador indicó desconocer si las cuatro personas detectadas bajo estas circunstancias y que laboraban en la Fiscalía Magisterial, tenían algún puesto dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Lo que si es claro es que pertenecían a la Sección 22 del SNTE.

Sin dar los nombres, Carrillo Ruiz aseguró que los cargos que ostentaban las cuatro personas de la Sección 22 en la fiscalía adherida a la PGJEO, eran tres de Ministerios Públicos, mientras que la otra persona era fiscal y se encargaban de analizar situaciones de fraudes y amenazas sobre los trabajadores del mismo gremio.

Derivado del anuncio que diera el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo sobre la restructuración del IEEPO, fue que dieron de baja de la Procuraduría a los agremiados a la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, por lo que se inició una investigación sobre las actividades que desempeñaban.

“Hay una investigación abierta por parte de la visitaduría y de control interno dentro de la institución para poder determinar cuáles son las irregularidades que presentan. En este momento se han detectado varias, las faltas de acuerdo y de firmas en las averiguaciones previas”, reconoció.

Indicó que la fiscalía tenía a su cargo alrededor de 192 averiguaciones previas de 23 años atrás, por lo que refirió que será a través de la investigación que realice la visitaduría y control interno donde se detectará si se cometieron acciones ilícitas de mayor gravedad.

Carillo Ruiz aseguró que de detectarse alguna anomalía, los cuatro personajes podrían alcanzar faltas administrativas o hasta una sanción penal, ya que ostentaban cargos importantes de la extinta procuraduría.

“Se podría configurar el delito beneficiando a una persona, a este acto se le llama abuso de autoridad. Una vez firmado el contrato con la institución y que se les ha dado un nombramiento tienes derechos y obligaciones y si tu como servidor público beneficias a una persona dentro de una averiguación previa eres responsable y eres acreedor al catálogo de abuso de autoridad”.

Sin embargo dijo, que a estas cuatro personas de la Fiscalía se sumarían las más de 30 que ostentaron el cargo en años atrás, el cual dijo se elegía cada trienio y llevaba alrededor de 23 años funcionando.

El nuevo Fiscal General reconoció que el hecho de que las cuatro personas laboraran en la exprocuraduría y también como profesores no es permitido por las leyes de la institución, porque no pueden desempeñar el cargo de Ministerio Público y estar adscritos a otra dependencia estatal, en este caso el IEEPO.
Sostuvo que será este viernes cuando la visitaduría y control interno tendrán un corte donde determinarán los ilícitos que se cometieron.