Oaxaca, Oax.- Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la LXII Legislatura de Oaxaca aprobar, en su próximo periodo de sesiones, las leyes locales para implementar la Reforma Educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El Pleno de la SCJN resolvió que Oaxaca ha incurrido en omisión legislativa absoluta, al no armonizar sus leyes con la reforma constitucional, ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.

De no hacerlo en el tiempo que estableció la Suprema Corte, tanto los líderes de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política, así como el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, podrían ser destituidos por el máximo órgano judicial de nuestro país.

Destallan que para homologar las leyes estatales con la Ley Federal en Educación, se había otorgado un plazo de 6 meses los cuales concluyeron el 12 de marzo de 2014, por lo que es evidente que han transcurrido en exceso, sin que el Estado haya dado cumplimiento a su obligación”.

Como prueba de sus buenas intenciones, Cué y el Congreso invocaron ante la Corte múltiples convocatorias, reuniones de trabajo, pactos con la Sección 22 de la CNTE y foros de análisis, y sostuvieron que no se puede aprobar nada sin consulta previa a los pueblos indígenas, pero estos argumentos fueron rechazados.

El único punto de debate entre los Ministros fue si también se debía señalar al Gobernador como responsable de la omisión, pues Cué presentó en octubre de 2014 una iniciativa, que no ha sido procesada por el Congreso.

Alberto Pérez Dayán y el presidente Luis María Aguilar enfatizaron que sería “injusto” señalar a Cué por la omisión, ya que al menos presentó su iniciativa, y no puede ordenarle al Congreso que la apruebe.

“No estamos analizando responsabilidades, estamos dando un mandato a los órganos que llevan el proceso legislativo en Oaxaca para que armonicen su legislación con la Constitución, si eventualmente hubiera un incumplimiento a esta sentencia, ya sería cosa de ver quién ha hecho qué y qué responsabilidad tiene cada actor”, dijo Arturo Zaldívar.

José Ramón Cossío advirtió que la iniciativa de Cué probablemente ya está rebasada por los fallos de la Corte esta semana, en los que aclaró que los Estados no pueden fijar reglas sobre servicio profesional docente.

“Lo que se hizo antes, de presentar iniciativas, está bien pero no creo que queda satisfecho ante el nuevo mandato, ahí sí creo que lo anterior no tiene peso respecto de lo actual”, dijo Cossío.

A fin de cuentas, se acordó una redacción que reconoce que el Gobernador presentó su iniciativa, sin que esto subsane la omisión legislativa.

En julio pasado, cuando quitó a la Sección 22 el control sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Cué instruyó a los nuevos administradores para aplicar directamente la Constitución y las leyes generales.

Sin embargo, ello no cambia el hecho de que existe un mandato Constitucional para que los Estados generen sus propias leyes.